"Si queremos democracia, hay que tener un sistema fiscal justo". Estas palabras pronunciadas por Arcadi España, ministro de Hacienda, resumen el espíritu que impregnó el acto Tax the super rich: por una fiscalidad a la riqueza para el siglo XXI, organizado este lunes en Madrid por la ONG Oxfam Intermon y la Plataforma por la Justicia Fiscal. El ministro de Hacienda también lanzó un poderoso mensaje en favor de la justicia fiscal al recordar que "los países con una menor desigualdad fiscal son sociedades más justas y con un mayor nivel de vida".PublicidadEl evento se articuló en torno a dos conferencias, una con personas expertas y otra con representantes de grupos políticos, para hablar sobre la redistribución de la riqueza y la reducción de la desigualdad económica. La otra gran conclusión del acto fue que cada vez es más contundente y sólida la evidencia de la insuficiente progresividad de los sistemas tributarios en su conjunto a la hora de gravar las grandes fortunas y hacer así que los ultrarricos de todo el mundo paguen los impuestos que deberían pagar.Por eso, todos los intervinientes destacaron que es importante reforzar los sistemas fiscales para evitar esas fugas de la riqueza. De hecho, el acto celebrado en Madrid estuvo dedicado en buena parte a analizar cómo mejorar los impuestos para que los ricos paguen impuestos de verdad. Casi todos llegaron a una conclusión muy clara: no está solo en juego la justicia social y económica, sino también la propia democracia.Fue otro ministro, Pablo Bustinduy, titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, quien inauguró el acto con esa idea: en su discurso, Bustinduy también hizo hincapié en la necesidad de aumentar los impuestos a los ultrarricos no solo como vía para reducir la gigantesca desigualdad que se está extendiendo cada vez más por todo el mundo, sino como una vía para fortalecer la democracia, en la misma línea apuntado por España. "No hay una proyección de nuestro sistema democrático que no pase por una reinvención de la política fiscal como redistribución de la riqueza", afirmó contundente Bustinduy. "Porque vivimos en un Estado social es por lo que tenemos que redistribuir la riqueza", concluyó el ministro de Sumar. Sin justicia social y económica, no hay democracia, vino a decir Bustinduy.Una riqueza que cada vez está más concentrada y comprimida en menos manos, según recordó Olga Cantó, Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) que desde el año 2002 en España ha crecido mucho la desigualdad. "La riqueza neta del 50% más pobre de la población se ha dividido por dos en los últimos 20 años. Es decir, 25 millones de personas perdieron la mitad de su riqueza neta entre 2002 y 2022, mientras que el 1% más rico de los españoles, y el 5% también, ha visto cómo aumentaba su riqueza. La gran pregunta es cómo mejorar la situación de ese 50% más pobre", añadió Cantó. PublicidadNuria Badenes, del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), respondió a esa pregunta. La experta del IEF explicó cómo el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es progresivo solo hasta el 99% y cómo ese 1% de los más ricos esquiva ese impuesto. La progresividad que abarque a todos es la clave de bóveda de cualquier sistema fiscal que pretenda que los ultrarricos paguen lo que tienen que pagar. "El Estado debe redistribuir la riqueza pero para eso el sistema fiscal debe ser progresivo de verdad". Para ello, Badenes propuso crear "una línea de riqueza" a partir de la cual poder identificar a los más ricos y gravar su riqueza en consecuencia. "No podemos dejar en las manos de los más ricos la solución", añadió la experta.Íñigo Macías-Aymar, representante de Oxfam Intermón, puso mucho énfasis en destacar que hay "una corriente internacional muy importante" para lograr que las grandes fortunas paguen más en todos los países. PublicidadMacías-Aymar también recordó que España es de "los pocos países" que tiene en vigor un Impuesto de Patrimonio, aunque con muchas limitaciones y "muchos agujeros". Tanto es así, que en los últimos 30 años la riqueza de los grandes patrimonios ha crecido un 8% frente a un 3% que lo han hecho las rentas de los trabajadores. Hay que ser más ambiciosos en este sentido, vino a decir Olga Cantó. La experta en desigualdad animó a ir más allá de reformas parciales de determinados impuestos sobre la riqueza y recordó que los Estados todavía no han sido capaces de "cambiar la redistribución de la riqueza", que es el gran objetivo compartido por todos. La mesa política estuvo formada por Carlos Martín Urriza, de Sumar, por Juan Antonio González Gracia, del PSOE, y por Pedro Puy Fraga, del PP. Ahí salió el nombre de moda cuando se habla de hacer que los ricos paguen los impuestos que deben y de redistribuir de forma más equitativa la riqueza: el economista Gabriel Zucman y su propuesta de gravar un 2% a los más ricos. La tasa Zucman debe ser un complemento, explicó Martín Urriza en nombre de Sumar. Pedro Puy, del PP, también se mostró partidario de incrementar la fiscalidad de la riqueza, pero teniendo en cuenta que hay "diferentes tipos de ricos" y, sobre todo, teniendo en cuenta el origen y situación de su fortunas."Un debate roto"Los representantes políticos incidieron en la idea de hacer pedagogía, algo en lo que también insistió el ministro de Hacienda. En ese afán por hacer pedagogía, Arcadi España aseguró: "No pueden ser tratados como héroes quienes se van a otros sitios para pagar menos y optimizar su situación fiscal".A juicio del ministro, el debate sobre fiscalidad en España, y en particular sobre los impuestos sobre el patrimonio, "es la historia de un debate roto", porque un debate "sano y de país" giraría en torno a los impuestos "que queremos y cómo los queremos".En este sentido, el ministro de Hacienda también afirmó que afortunadamente "todos los ricos no son iguales" y que muchos de ellos asumen que deben pagar más impuestos. "El problema es que se plantea el debate como impuestos sí o impuestos no, como si pagar impuestos fuera un robo", dijo el ministro, quien recordó que una noche en la UCI en pandemia costaba 3.700 euros, "que en España se pagan con el dinero de todos sin que nadie tenga que hipotecarse para pagar una factura hospitalaria".