Para empezar, una constatación: gran parte de Europa observa a España con admiración e incluso con envidia. La cuarta potencia de la zona euro, con un crecimiento del PIB del 2,8% en 2025, exhibe un dinamismo económico claramente superior al de sus vecinos europeos. Pero España no se libra del mal que corroe el resto del continente y todo el planeta: unas desigualdades cada vez más insoportables y una concentración cada vez mayor de la riqueza en la cima de la pirámide.En España, según los cálculos del World Inequality Lab, la mitad más desfavorecida de la población no posee más del 6,7% de la riqueza del país, mientras que el 10% con más dinero controla más del 57% y, dentro de ese grupo, el 1% más rico acapara, por sí solo, casi el 24%. Además, el peso de los multimillonarios no deja de aumentar, igual que en el resto del mundo: según la revista Forbes, la riqueza de los multimillonarios españoles alcanza ya los 197.500 millones de euros, el equivalente al 12% del PIB del Estado.Cada vez resulta más difícil ignorar este desequilibrio. En España, como en todas partes, la guerra de Irán ha provocado la subida de los precios de la energía, lo que perjudica tanto a las familias como a las empresas. Además, las crisis de este tipo tienden a agravar las desigualdades. Los gobiernos pueden mitigar los efectos inmediatos con medidas de alivio fiscal y, a largo plazo, pueden intentar que el suministro energético sea más resiliente; por cierto, no podemos sino aplaudir el papel decidido de España a la hora de acelerar la transición energética. Pero la tendencia es la misma. Ya estemos hablando de energía, alimentación o acceso a la vivienda, lo cierto es que la mayoría de la población vive con dificultades, mientras que los más ricos siguen a salvo.Para muchos ciudadanos, esto se traduce en frustración y la sensación creciente de que el sistema económico ya no les funciona, mientras que los servicios públicos están sobrecargados por años de recortes presupuestarios. Al mismo tiempo, una pequeña élite sigue acumulando riqueza a un ritmo frenético. Algunos incluso se benefician directamente de la guerra y las inmensas ganancias generadas por el alza desorbitada de los precios del petróleo, una parte de las cuales acaban depositadas en paraísos fiscales, como acaba de demostrar un estudio reciente del Observatorio Fiscal Internacional (International Tax Observatory), que dirijo.Esa concentración de la riqueza es todavía más problemática debido al sistema fiscal. En España, como en muchos otros países, los superricos pagan unos tipos impositivos efectivos inferiores a los de los trabajadores corrientes, no porque las autoridades fiscales no hagan cumplir la ley, sino porque la propia ley permite a los más ricos estructurar su patrimonio de tal manera que genera pocos ingresos gravables. En todos los países en los que se han realizado estudios sobre el tema, en particular en Francia, Países Bajos, Brasil, Suecia, Noruega y Estados Unidos, se observa el mismo patrón. Los ultrarricos, es decir, las personas con una fortuna de decenas, cientos o incluso miles de millones de euros, pueden eludir con facilidad el pago de impuestos sobre los dividendos —su principal fuente de ingresos— recurriendo a sociedades de cartera.Esta situación no es inevitable. Es consecuencia de decisiones políticas y, por tanto, puede corregirse. La solución que propongo es sencilla: un impuesto mínimo sobre el patrimonio de los superricos. Nadie tiene derecho a vivir al margen de la sociedad y huir de sus responsabilidades, como logran hacer hoy demasiados multimi­llo­narios. Por tanto, estos deben estar sujetos de modo que no puedan escapar. Dado que la base imponible del impuesto sobre la renta es fácil de manipular, el impuesto mínimo debe expresarse en un porcentaje no vinculado a la renta, sino al patrimonio, que es mucho más difícil de ocultar. Desde 2018, incluso las instituciones financieras de los paraísos fiscales tienen la obligación de comunicar el importe de los activos de sus clientes.Es cierto que España ya tiene un impuesto sobre el patrimonio, restablecido en 2011. Sin embargo, aunque es relativamente eficaz para gravar a los millonarios, las mayores fortunas se libran, en gran parte, porque se acogen a todo tipo de exenciones. Por ejemplo, si una persona posee más del 5% de las acciones o participaciones de una empresa (o el 20%, si lo hace junto con miembros de su familia), esos activos están exentos de la base del impuesto sobre el patrimonio. Pero resulta que la fortuna de los ultrarricos se caracteriza precisamente por consistir sobre todo en acciones de sociedades. Los yates, helicópteros o cuadros que destaca la prensa no son más que una pequeña parte de todo lo que poseen. Por eso, en la práctica, el patrimonio de los multimillonarios queda prácticamente exento del pago de este impuesto.En el caso de España, la propuesta de impuesto mínimo que planteo sería complementaria del impuesto sobre el patrimonio vigente. Se trata de instaurar un nuevo principio: la concentración de riqueza debe ir acompañada de una responsabilidad frente a la sociedad. Si se aplicara un impuesto mínimo del 2% sobre la riqueza de aquellos individuos con patrimonios superiores a 100 millones de euros, los ultrarricos dejarían de eludir su contribución y su solidaridad con el resto de la sociedad.Este mecanismo solo se aplicaría a los multimillonarios que ahora logran pagar muchos menos impuestos de los que les corresponderían; quienes ya estén pagando el equivalente al 2% de su patrimonio no tendrían que pagar nada más. En caso contrario, se aplicaría este impuesto complementario hasta alcanzar el umbral del 2% efectivo. No se puede pensar en un impuesto más justo ni más focalizado.El tipo del 2% no se ha elegido al azar: es el que garantizaría una aportación de los ultrarricos a las arcas públicas equiparable, al menos, a lo que pagan el resto de los sectores sociales, como cualquier profesor o personal sanitario. El potencial de esta iniciativa depende del PIB de cada país y del volumen de riqueza en manos de los multimillonarios. Aplicando esta propuesta en España, se podrían recaudar más de 5.000 millones de euros al año (supone triplicar la recaudación actual sobre el patrimonio, y representa alrededor del 5% del gasto público en sanidad), que podrían contribuir a financiar infraestructuras, educación, sanidad o ampliar el ingreso mínimo vital para los hogares de rentas bajas. Los detractores de esta propuesta sostienen que gravar las grandes fortunas perjudicaría la actividad empresarial. Esa afirmación no tiene ningún sentido: sería un impuesto a las personas físicas, no a las empresas. Si una empresa no tiene ningún accionista con una fortuna superior a los 100 millones de euros, no se vería afectada, y, si uno o varios de sus grandes accionistas superasen ese umbral, serían ellos —y no la empresa— quienes asumirían el pago correspondiente. Además, la rentabilidad media del patrimonio de las personas físicas con una fortuna superior a 100 millones de euros es de aproximadamente un 6% anual, más que suficiente para cubrir un impuesto del 2%. Cuando los superricos aseguran que no disponen de liquidez es porque ellos mismos han estructurado su patrimonio así, precisamente para eludir el impuesto sobre la renta de las personas físicas.En los poquísimos casos en los que pueda darse una disponibilidad limitada de liquidez, como sucede en el caso de empresas de alto valor bursátil que aún no han alcanzado el umbral de rentabilidad —como ocurre con las empresas unicornio (start-ups con una valoración de más de 1.000 millones de euros)—, existen soluciones. Por ejemplo, el contribuyente podría pagar al Estado en acciones. Si su valor se desploma, el contribuyente no habrá perdido nada; si se dispara, habrá ganado dinero sin dejar de pagar los impuestos como el resto de sus conciudadanos.Lo que hace que una empresa triunfe no es que sea propiedad de una persona concreta, sino, sobre todo, el trabajo de sus empleados, sus competencias, la calidad de las infraestructuras públicas, la gestión y otros aspectos. No hay ninguna relación entre el hecho de que un grupo familiar concreto controle o no una participación mayoritaria en el capital de una empresa y el comportamiento de esta. Sam Altman, el director ejecutivo y fundador de OpenAI, no tiene ninguna acción de la empresa, que está controlada por los trabajadores actuales, antiguos empleados, Microsoft y otros inversores. Evidentemente, esto no ha impedido la capacidad de innovación de OpenAI.Otra objeción frecuente es que los multimi­llonarios abandonarían el país que se atreviera a aplicar un impuesto de este tipo. Esa es una preocupación legítima, desde luego. Pero la literatura científica muestra que se trata de un riesgo limitado: un estudio reciente sobre Noruega y Suecia revela que la aplicación de un impuesto del 1% sobre la riqueza provocó, a largo plazo, la salida de menos del 2% de los contribuyentes afectados. La gente no abandona así como así, por motivos fiscales, su país, sus lazos afectivos y el entorno de vida de sus hijos.Y, sobre todo, hay una solución: hay que seguir gravando a los ultrarricos incluso después de que se hayan ido, mediante lo que llamo un “escudo contra el exilio fiscal”. Imaginemos que España establece el impuesto mínimo que propongo. Si unos cuantos superricos deciden entonces instalarse en Suiza o en las Islas Caimán, cosa a la que tienen derecho, España podría decidir seguir cobrándoles el impuesto mínimo durante 5, 10 o 15 años después de su marcha.Hoy en día, cuando una persona se va después de haber vivido muchos años en España (o Francia) y haberse hecho muy rica, Hacienda deja inmediatamente de cobrarle impuestos. Esto es inaceptable, porque la riqueza extrema nunca es fruto exclusivo del éxito individual. Si alguien se ha enriquecido hasta ese punto, es en gran parte porque él —y las empresas que posee, con sus empleados— se ha beneficiado de la inversión pública en infraestructuras, educación y sanidad del país en el que residía. No debería existir el derecho a convertirse en multimillonario para luego no pagar impuestos en ningún lugar del mundo. El escudo contra el exilio que propongo tiene precedentes: Estados Unidos cobra impuestos a sus ciudadanos durante toda la vida, independientemente del lugar en el que residan.Como es natural, a los contribuyentes afectados les interesa que se mantenga el statu quo, pero no hay ningún impedimento técnico para gravar a los superricos; es cuestión de voluntad política. Y se trata de una medida muy popular en todo el mundo, empezando por España, donde el 69% de la población está a favor, según una reciente encuesta del Eurobarómetro. Me alegro, por cierto, de que el propio Gobierno esté impulsando este debate. En julio de 2025, durante la conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo celebrada en Sevilla, fueron España y Brasil los que pusieron en marcha una coalición internacional para mejorar la tributación de los más ricos.La cuestión volvió a centrar los debates celebrados en Barcelona el pasado mes de abril, en los que Pedro Sánchez reunió a varios jefes de Estado progresistas en defensa de la democracia. Tuve el honor de ser invitado a presentar mi propuesta de un impuesto mínimo del 2% sobre los patrimonios superiores a 100 millones de euros. Porque, sin duda, está directamente vinculado a la defensa de la democracia. Si renunciamos a cobrar impuestos a los ultrarricos, corremos el riesgo de que se acelere la deriva oligárquica que ya vemos a escala mundial.Es mucho más fácil acumular riqueza cuando no hay que pagar impuestos, mientras que las familias normales y corrientes deben pagar impuestos antes de poder ahorrar. Esa riqueza extrema acaba plasmándose en un poder también extremo, sobre todo en la capacidad de influir en las decisiones políticas y las elecciones y, en especial, mediante la compra de medios de comunicación. Así se alimenta una espiral plutocrática que hay que romper con urgencia.Fijémonos en lo ocurrido en Francia: entre 2012 y 2024, la deuda pública aumentó en 1,4 billones de euros y se prevé que alcance el 118% del PIB, su nivel más alto desde la II Guerra Mundial. En ese mismo periodo, la fortuna de las 500 personas más ricas se disparó en casi un billón de euros, del 13% del PIB en 2012 al 42% en 2024. Hoy, un puñado de milmillonarios posee el 80% de la prensa privada, una concentración de la propiedad de los medios de comunicación que alarma incluso al Financial Times.Sigo siendo optimista: si la historia nos enseña algo, es que no hay que infravalorar el poder de las ideas y las fuerzas democráticas. Tarde o temprano, y quizá antes de lo que pensamos, la democracia extenderá su alcance e incluirá a los multimillonarios. Está claro que un impuesto mínimo para los superricos no va a resolver todos los problemas, pero corregiría un desequilibrio flagrante y reafirmaría un sencillo principio democrático: que todos deben contribuir de manera equitativa a la sociedad de la que se benefician. Y quizá ahí es donde España puede desem­peñar un papel decisivo. La idea está calando en todo el mundo. España, precisamente porque hoy es un modelo de dinamismo económico en Europa, tiene la oportunidad de demostrar que existe otro camino posible: una prosperidad que no esté reservada a unos pocos. Y en este frente, como ha hecho ya en otros, puede ponerse a la vanguardia de esta batalla democrática.