La derecha confiaba en que la UCO fuera la última herramienta que salvaría a España y luego ya después la civilización occidental. Su penúltimo servicio –siempre hay uno más pendiente– era la causa contra Begoña Gómez que convencería a todos de que la mujer del presidente del Gobierno había construido un imperio a expensas del erario público. La decepción tiene que ser notable, porque su informe sobre el caso que investiga el juez Juan Carlos Peinado más que poner el último clavo en el ataúd ha descerrajado la tapa.
Como si eso preocupara mucho a Peinado. El informe llega cuando el juez ya ha decidido que el caso debe concluir ante un juicio con jurado, que la defensa quiere impedir. Una vez que la Audiencia Provincial bloqueó su intento de ir directamente contra el ministro Félix Bolaños, tuvo que admitir que su misión terminaba con la esposa de Pedro Sánchez. Que no es poco para las tertulias que tendrá con los amigos después de su jubilación cuando les cuente la historia de cómo él se enfrentó al sanchismo.
El rastro del dinero era un elemento esencial para los que esperaban el informe de la UCO. A fin de cuentas, uno de los delitos que se imputan a Gómez es el de apropiación indebida y la posibilidad de que aprovechara su condición de codirectora de la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense para beneficiarse económicamente. Sobre eso, la Guardia Civil no ha encontrado nada punible. No hay movimientos sospechosos u opacos en los movimientos de las cuentas de Gómez: “La información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando”. Es decir, no hay dinero por ningún lado que ayude a explicar los supuestos delitos.
