La UCO ha entregado al juez Juan Carlos Peinado un informe sobre la actuaci�n de Bego�a G�mez en su C�tedra Extraordinaria para la Transformaci�n Social Competitiva (TSC) en la Complutense y su posible instrumentalizaci�n para un beneficio personal. La investigaci�n de la Guardia Civil contradice afirmaciones de la esposa del presidente del Gobierno ante el magistrado. Entre ellas, que la empresa que cre� con el mismo nombre de la c�tedra, Transforma TSC SL, no tuvo actividad comercial, o que la plataforma digital que se desarroll� en el seno de la c�tedra no lleg� a activarse. Con ambas ideas, G�mez sosten�a que nunca tuvo intenci�n de lucrarse con su actividad en la universidad p�blica y que no cometi� el delito de apropiaci�n indebida que se le imputa."A pesar del corto periodo de vida de la mercantil, m�s all� de la intencionalidad o pretensiones perseguidas comercialmente con la fundaci�n de la misma y que, en apariencia, se vieron frustradas de manera temprana, se apunta que esta efectivamente lleg� a mantener una actividad comercial", indica la UCO sobre la sociedad, antes de dejar constancia de dos facturas localizadas por algo m�s de 6.000 euros. En sus recursos reclamando el archivo del caso, G�mez sostiene que Transforma TSC SL "no tuvo ning�n tipo de actividad". Los investigadores indican que s� la tuvo y dan a entender que fue la apertura de la investigaci�n penal en la Plaza 41 de Madrid en abril de 2024 lo que provoc� que la sociedad se declarara inactiva.La unidad especializada de la Guardia Civil tambi�n desmiente que el software creado en el seno de la c�tedra no llegara a entrar en funcionamiento. En el apartado denominado "Acciones que contravienen las pautas marcadas por la UCM sobre propiedad intelectual", la UCO explica que "el desarrollo de la Plataforma fue dado por finalizado -sujeto a modificaciones derivadas de incidencias detectadas a posteriori" y que "se someti� a un proceso de pruebas funcionales"."En �ltima instancia, la herramienta fue puesta a disposici�n de grupos de pymes, mediante talleres promocionales y del p�blico general a trav�s del portal web www.transformatsc.org, seg�n se ten�a planificado desde un inicio", indica el informe.Los investigadores a�aden que la actuaci�n de la c�tedra impidi� que el software recibiera la protecci�n que pod�a darle la Ley de Propiedad Intelectual y que habr�a correspondido a la Complutense. No sucedi�, porque el departamento competente de la UCM "no habr�a podido gestionar debidamente los derechos de propiedad de la Plataforma ante la ausencia de la comunicaci�n previa por la unidad responsable del proyecto, en este caso la C�tedra".G�mez, de hecho, dio pasos en la direcci�n opuesta. "Por el contrario, desde la C�tedra, como responsables de proyecto, no solo no habr�a seguido el proceso establecido por la titular de los derechos, la UCM, sino que adem�s se llevaron a cabo acciones de divulgaci�n que habr�an afectado a la propiedad intelectual de la Plataforma"."Dudas razonables"Otro apartado del informe revisa las "vinculaciones y analog�as de la plataforma con el entorno privado-empresarial de Bego�a G�mez". Una de las ramas del caso Bego�a se ha dirigido a aclarar si tras su actuaci�n en la UCM exist�a una intenci�n de lucrarse, aprovechando lo que, como la plataforma digital, deb�a ser propiedad del centro universitario. La UCO concluye que "de las analog�as de denominaci�n, objeto y figura visible [Bego�a G�mez] de ambas, unidas a la ausencia de aviso legal en el portal web que identifique plenamente la/s entidades responsables detr�s de la Plataforma, pueden derivarse dudas razonables sobre si Transforma TSC SL es una de ellas".A esa confusi�n entre lo privado y lo p�blico el informe incorpora otro elemento. G�mez ha alegado que pag� el registro de la marca y el dominio de internet que correspond�an a la c�tedra con la intenci�n de evitar que terceros ajenos los emplearan. Sin embargo, afront� ambos casos con fondos privados suyos, no de la c�tedra, a diferencia de c�mo actuaba con otros gastos igualmente referidos a su trabajo en la UCM.Por ejemplo, la inscripci�n de la marca le supuso 206,57 euros, que abon� con cargo a una cuenta "de la que es titular Bego�a G�mez, junto con su c�nyuge". Tambi�n asume 118,58 euros por el dominio www.transformatsc.org. "Pagos que difieren de lo observado con respecto a otros de cuant�a similar o mayor, derivados de asuntos diversos relacionados con la C�tedra o la Plataforma y que, al contrario de lo que sucede con los antedichos, son asumidos con fondos de la UCM"."Adjudicaciones premeditadas"Respecto al estricto desarrollo tecnol�gico de ese software, el informe resalta irregularidades en los contratos con cargo a fondos de la Complutense. En particular, los relativos a Deloitte. "De la sucesi�n de hechos se desprende que las adjudicaciones a Deloitte no solo estaban premeditadas sino que: (i) la consultora ya hab�a iniciado sus funciones con anterioridad a la adjudicaci�n del primer contrato; (ii) la prestaci�n real de sus servicios no guard� relaci�n con los plazos formales de ejecuci�n de ambos contratos; (iii) los requisitos y condiciones exigidos para ambos contratos —en su invitaci�n a ofertar y en los pliegos, respectivamente— se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la C�tedra, incluido el precio". A�ade la UCO que de la secuencia de hechos analizada se deduce "que se habr�an solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitaci�n de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte".Seg�n recuerda el Departamento de Investigaci�n Econ�mica y Anticorrupci�n de la UCO, estas irregularidades con Deloitte se suman a otras detectadas por la propia UCM en la contrataci�n previa de Making Science, de nuevo en el desarrollo del software. Esta contrataci�n "sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo" al efecto, incumpliendo as� la Ley de Contratos del Sector P�blico, a la que est� sometida la Complutense.Camino del juicioEl juez Peinado imputa a Bego�a G�mez los delitos de tr�fico de influencias, corrupci�n en los negocios, apropiaci�n indebida y malversaci�n. El instructor considera que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a la esposa del presidente del Gobierno y que el juicio debe celebrarse ante un jurado. Que el juicio llegue a celebrarse depende ahora de la respuesta de la Audiencia de Madrid a los recursos de G�mez. Tambi�n la Fiscal�a solicita el archivo del procedimiento. Por su parte, las acusaciones populares, coordinadas por Hazte O�r, piden para ella 24 a�os de prisi�n.