La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado “movimientos” sospechosos en la cuentas de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así consta en un nuevo informe enviado al juez Juan Carlos Peinado, que requirió a los agentes que analizaran diferente documentación recabada en la causa que mantiene abierta contra la mujer del líder socialista. “En síntesis, la información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando, en tanto en cuanto, las entidades a las que se ha vinculado profesionalmente se corresponden con los principales pagadores que se identifican”, concluye el documento, al que tuvo acceso EL PAÍS.Los agentes apostillan que también analizaron “determinados ingresos en una de las cuentas vinculadas a la sociedad Transforma TSC, pero “no se identifican” nuevos “movimientos” destacables “que pudieran guardar relación con los hechos” bajo investigación.El oficio del instituto armado llega después de que el responsable del juzgado de instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, acordara el pasado abril enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, junto a Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés, por la presunta comisión de hasta cuatro delitos. El juez dio este paso después de dos años impulsando una polémica causa, que inició en 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias. Las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír reclaman 24 años de cárcel para la esposa de Pedro Sánchez. La Fiscalía ha pedido el archivo del proceso.Peinado empezó investigando la actividad profesional de Gómez con empresarios y su relación laboral con la Complutense, así como el desarrollo de un software para dicho centro de estudios. En estos hechos, el instructor centra los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Luego, sin embargo, amplió la causa para intentar determinar si se llegó a producir un desvío de dinero público al contratar a Álvarez como asesora de la pareja de Sánchez para que esta terminara colaborando con su actividad privada, en lugar de con su labor institucional. En esta tesis apoya la presunta malversación.La defensa de Begoña Gómez se ha desmarcado de todas las acusaciones y ha pedido que, en caso de que la juzgue un jurado popular, “se proceda al dictado de sentencia absolutoria”. También ha reclamado a la Audiencia Provincial de Madrid que frene la decisión de Peinado de enviarla a juicio y ha insistido al propio instructor que paralice la causa hasta que el órgano superior se pronuncie sobre los recursos pendientes de resolver.[Noticia en elaboración. Habrá ampliación]