Martín Zabalza es hoy director general de Memoria y Convivencia de Navarra. Militante de largo recorrido en la UGT y el PSN, se declara orgullosamente socialista. Entre otras responsabilidades, preside la comisión de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Mikel Soto es historiador y profesor de instituto. Escribe e investiga en el ámbito literario; durante años trabajó como editor. Desde joven militó en el espacio de la izquierda abertzale. Ha sido reconocido por la citada comisión como víctima de tortura. BRANIMIR NEDELJKOVICMartín y Mikel compartieron mesa recientemente en el marco de un seminario sobre justicia transicional con dimensión restaurativa celebrado en la Universitat de Girona (UdG). En él participaron personas referentes del ámbito académico, institucional y social vinculadas al desarrollo de las comisiones de reconocimiento de víctimas, un mecanismo extrajudicial que permite hacer frente a la impunidad y acompañar a víctimas y supervivientes, aunque la vía penal esté cerrada (por extinción de responsabilidad u otros motivos). En concreto, se exploraron este tipo de instrumentos creados en Euskadi y Navarra con relación al fenómeno de la tortura y los abusos sexuales en la Iglesia católica.Como ambos ponentes quisieron remarcar frente a un auditorio jovencísimo, el diálogo al que ellos estaban dando vida hubiera sido imposible unos pocos años antes. ETA cesa su actividad en 2011, se disuelve en 2018, una realidad de la que el estudiantado que asistió al seminario apenas guarda memoria. Hay que explicar, entonces, que detrás de un largo conflicto queda mucho dolor, con aristas poliédricas y comunidades profundamente fragmentadas.Las comisiones de reconocimiento son un mecanismo extrajudicial para afrontar la impunidad y acompañar a víctimas y supervivientesEn este contexto, las intervenciones de Martín y Mikel fueron sentidas, reflexionadas y escuchadas en una atmósfera de cierta intensidad. Representan mundos distintos, atesoran experiencias militantes y vivenciales muy diversas. Pero a la vez son protagonistas, junto a muchas otras y otros, de caminos de reencuentro y de construcción de futuro con enorme potencia.Porque el posconflicto no se hace solo, no es un hecho dado por descontado. Se requiere de políticas públicas e iniciativas sociales para ir avanzando; y de una enorme responsabilidad política y comunicativa. Es cambiar de pantalla, ver las cosas con otra perspectiva. Construir desde el pluralismo y la empatía. El posconflicto tampoco se hace con derivas espiritualizadas revestidas de emotividades naif, desde la foto vacía. Se necesita de mucha política, entendida como la entendía Hannah Arendt, como la capacidad humana de imaginar, crear, construir nuevos comienzos.Se trata de crear condiciones políticas para que pueda emerger un futuro común, aquello que unos años antes era impensableIncluso después de experiencias de violencia extrema, los seres humanos conservan la posibilidad de recomenzar, de abrir espacios inéditos de relación y de acción compartida. No se trata de clausurar el conflicto o ignorar daños, como se hizo en la transición española, ni de cerrar duelos, como pretenden equivocadamente a nuestro parecer algunas políticas de memoria, sino crear condiciones políticas para que pueda emerger un futuro común, aquello que solo unos años antes era impensable.En este sentido, las leyes de víctimas y las comisiones de reconocimiento o valoración que de ellas derivan, inexplicablemente desconocidas fuera del contexto vasco-navarro, han supuesto una pieza importante en este puzle de esperanza. Estas parten de la premisa de que, si bien hay una serie de daños graves que han sido reconocidos y tratados (las consecuencias de la violencia de ETA), existe todo un universo de sufrimiento que ha permanecido, cuanto menos, invisible: las violaciones de derechos humanos vinculadas a la violencia policial en el marco de la lucha antiterrorista (malos tratos, torturas, secuestros, asesinatos...). Era necesario, pues, tomar iniciativa para vaciar también estos resortes de sufrimiento. La primera ley empezó a andar en 2015, aunque diversas cuestiones de inconstitucionalidad retrasaron la puesta en funcionamiento de las comisiones hasta después de la pandemia.Las comisiones se construyen a medio camino entre el derecho y la política, utilizando el derecho administrativo con el espíritu y el lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos. En otras latitudes las comisiones de la verdad han sido un instrumento clave para construir la paz y la convivencia, por ejemplo, después de la Sudáfrica del apartheid o en el proceso de paz en Colombia. Su mera existencia supone un reconocimiento que la victimización colectiva citada ha existido, también en democracia, afectando a muchos ciudadanos, de diversas ideologías y procedencias. Como no se han cansado de repetir los organismos internacionales de derechos humanos, no puede decirse que la tortura haya sido sistemática, pero sí más que esporádica.Las comisiones vasca y navarra han reconocido casi 600 víctimas, y queda aún mucho camino por recorrerHoy en día, las comisiones vasca y navarra han reconocido casi 600 víctimas, y queda aún mucho camino por recorrer. Jon Mirena Landa, catedrático de Derecho Penal, exdirector de Derechos Humanos de Euskadi y uno de los arquitectos de la apuesta, explica que el reconocimiento del carácter de víctima contiene dos dimensiones: la posibilidad de acceso a prestaciones y/o indemnizaciones, y la declaración de verdad.Además, el trabajo de la comisión posibilita dibujar patrones de conducta y explorar autorías semiconcretas en aras a avanzar en el principio de verdad. La capacidad de visibilizar el dolor sufrido (todo) en una sociedad después de hechos traumáticos de carácter colectivo se constituye como primer paso para transitar caminos de sanación y transformación individual y colectiva.Un camino complejo, pero en marcha, un proceso que merece el cuidado y la confianza que sólo una esfera pública democráticamente madura le puede otorgar.Eloísa Piñeiro, politóloga, coordinadora del máster en Justicia y Prácticas RestaurativasGemma Ubasart, profesora titular de ciencia política UdG, exconsejera de Justícia, Drets i Memòria del Govern de la Generalitat de Catalunya