Miles de personas con discapacidad se enfrentan cada año al mal trago de buscar un seguro de vida, de salud o de hogar. En muchas ocasiones, se les deniega. O se les pide un precio inasumible. Elena de la Torre sabe bien lo que es pasar por esa situación. “No me concedían un seguro de vida tan solo porque no veo bien, como si eso me restara esperanza de vida, algo absurdo”. De la Torre (50 años), técnica de dirección y que padece una discapacidad visual, se planteó en 2016 comprar una casa con su marido. El banco que les daba la hipoteca les ofrecía una reducción del diferencial respecto al euríbor si contrataban otros productos: uno de ellos era una póliza de vida. Él no tuvo problema para suscribirla. Pero el caso de ella fue distinto. “En la letra pequeña había una exclusión por discapacidad, y no me hicieron el seguro”, explica.La situación se repite con perfiles muy distintos. José Manuel Castillejos padece desde los 32 años dolor pélvico crónico, con lesión del nervio pudendo. Ahora tiene 49 años y pasa 22 horas al día acostado o reclinado para tratar de aliviar su padecimiento. Depende del suministro casi permanente de morfina. Se trata de una enfermedad rara, tremendamente dolorosa, pero no mortal ni degenerativa. Castillejos relata por videollamada desde su casa en Valencia que su mujer es camarera, con ingresos limitados, y que él cobra una pensión por incapacidad de 840 euros al mes. “Teníamos un seguro de vida con la aseguradora del banco, pero cuando me dieron la incapacidad permanente, no me renovaron la póliza. Al buscar otra compañía, fue imposible, nadie me quería asegurar”, cuenta emocionado. “La probabilidad de que yo sufra un accidente grave es menor que la de una persona sana, porque apenas salgo de casa. Mi única obsesión es que, en caso de que me pase algo, mi mujer y mis nanos [de 18 y 20 años] no tengan que cargar con la hipoteca”, asegura. Tras meses buscando una póliza, finalmente encontró una con CA Life. “No puedo ni describir el enorme alivio que sentí en ese momento”.La reforma de la Ley de Dependencia, cuyos trámites parlamentarios están muy avanzados, prohibirá expresamente que las aseguradoras incluyan cláusulas para excluir a las personas con discapacidad. “Si lo hacen, la persona afectada tendrá un amparo legal para denunciar”, explica Jesús Martín, director general de discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El político, que padece una displasia esquelética que causa enanismo, también ha vivido esa mala experiencia. “Al explicar mi discapacidad para suscribir un seguro de salud, me dijeron que no me cubrían las especialidades que para mí eran más importantes, como la traumatología o la medicina interna”.A falta de una prohibición específica, el sector asegurador aprobó hace ya casi 20 años una guía de buenas prácticas para evitar este tipo de discriminaciones infundadas. La patronal, Unespa, ha firmado un convenio con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para que, en caso de que se detecten posibles casos discriminatorios, actuar como mediadora entre el cliente y la aseguradora. Un portavoz de Unespa explica que “los nuevos cambios legales no van a cambiar gran cosa, porque ya había una normativa muy clara para evitar estas situaciones”.El punto de vista de las personas con discapacidad es distinto. Raquel Correa, jefa de la correduría de seguros de Ilunion —el conglomerado empresarial del grupo social ONCE— lidia cada día con este tipo de discriminaciones. Tanto por su puesto como por su condición de persona con discapacidad visual. “Cuando he ido a contratar un seguro de vida, me he encontrado con que había un exceso de precio que no se justificaba por nada más que por mis problemas de visión”. Y le pone cifras: “Con 28 años me cobraban 500 euros al año en el seguro de vida, y ahora, 10 años después, pago tan solo 80 euros anuales por asegurar el mismo importe, gracias a los acuerdos que hemos ido alcanzando en la correduría”.Una compañía no tiene prohibido negar un seguro o encarecerlo por una enfermedad o una discapacidad. Pero si lo hace, la medida “debe fundarse en causas objetivas, justificadas, proporcionadas, razonables y documentadas previamente”, explica Natalia Álvarez, catedrática de Derecho Civil de la Universidade da Coruña, que lleva años estudiando este fenómeno. Según relata, las compañías de seguros tienden a decir que no discriminan, pero las personas con discapacidad perciben otra realidad. La jurista considera que “la peor práctica que puede tener la aseguradora es considerar que la discapacidad siempre aumenta el riesgo de sufrir un siniestro, de forma generalizada”.La correduría de seguros Ilunion ha optado por entablar un diálogo bilateral con cada aseguradora para trasladar las necesidades del colectivo y diseñar pólizas conjuntamente. Así, han alcanzado acuerdos para seguros de vida con la mutua vasca Surne y con la mencionada CA Life. La responsable de la correduría, Raquel Correa, recuerda que hay mucho prejuicio en el sector asegurador. “Muchas compañías piensan que cualquier enfermedad ya va a condicionar la esperanza de vida, y no es así”.Hace dos años, alcanzaron un acuerdo con Sanitas para atención médica extrahospitalaria, con precios muy competitivos, sin cuestionario de salud previo ni límite de edad. También cuentan con una póliza de salud de Mapfre para trabajadores de Ilunion. Además, negociaron una cobertura específica con Hiscox para los perros guía de la Fundación Once (valorados en 40.000 euros) y un seguro con Axa para proteger a los 20.000 vendedores de la Once ante un posible robo de sus cupones.Castillejo, en Valencia, empieza a respirar peor tras media hora de videollamada. Pero no deja de sonreír. “Te parecerá una tontería, pero desde que me hicieron el seguro, estoy mucho más tranquilo y, a pesar de mis dolores, afronto la vida con más esperanza”.