La decisión quedó oficializada a través de la Resolución 28/2026 publicada en el Boletín Oficial. La norma elimina el régimen de compensaciones económicas que el Estado nacional destinaba a empresas de transporte de media y larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y personas en lista de espera para trasplantes.
Aunque desde el Gobierno sostienen que el beneficio continuará vigente, especialistas y referentes del sector aseguran que, sin financiamiento estatal, la gratuidad queda prácticamente "vaciada de contenido". “La Comisión Nacional de Regulación del Transporte podrá seguir diciendo que los pasajes son gratuitos, pero si el Estado deja de pagar, alguien absorbe ese costo. Y las empresas no están en condiciones de hacerlo”, advirtió la abogada y referente en discapacidad Marta Lastra.
Lastra sostuvo que el acceso a estos pasajes ya era extremadamente complejo antes del recorte. Explicó que existían cupos limitados, demoras y requisitos médicos estrictos para acceder al beneficio. “No era un sistema que se usara para turismo. Había que presentar historia clínica, estudios, turnos médicos, certificados de discapacidad o constancias oncológicas. Estamos hablando de personas que viajan para sobrevivir”, remarcó.
