La decisión del Gobierno nacional de eliminar las compensaciones económicas a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer abrió un nuevo frente de conflicto con el sector empresario, que denunció una deuda millonaria acumulada y acusó al Estado de incumplir obligaciones judicializadas.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, y establece el fin del sistema por el cual el Estado reintegraba parte del costo de los boletos gratuitos otorgados en el marco de distintas leyes de protección social.
Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) cuestionaron duramente la decisión y aseguraron que el Estado mantiene una deuda superior a los 27.000 millones de pesos con las compañías del sector. Según indicaron, el conflicto lleva más de un año en la Justicia y se agravó por la falta de pagos.
Las empresas afirmaron que el último desembolso recibido por parte del Estado corresponde a noviembre de 2024 y señalaron que, desde entonces, continuaron entregando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos por año sin recibir las compensaciones correspondientes.
