El llamado caso Funeraria es uno de los más macabros de la historia reciente de España. Se investiga si en la empresa Grupo El Salvador, de Valladolid, sacaban a los muertos de sus ataúdes antes de la cremación para revender los féretros. El juicio, que se celebra desde el pasado marzo en la Audiencia Provincial de la capital pucelana y que durará hasta junio, aparte de evidenciar la desolación de los miles de perjudicados, se ha convertido para los asistentes en un máster en materia mortuoria y su industria. Tras acabar con las más de 200 declaraciones de afectados y las de los peritos, la pasada semana empezaron a declarar los acusados. En primer lugar, los familiares del propietario del próspero negocio fúnebre, Ignacio Morchón Alonso, fallecido en 2022. Declaró así su hijo, Ignacio Morchón Vaquero, que se limitó a decir que él solo era “el hijo del jefe” y que hacía lo que le ordenaba su padre. La esposa del difunto patriarca, Rosario Vaquero, que figuraba como administradora del imperio familiar, se acogió a su derecho a no declarar y afirmó que ella nunca había ido a la funeraria. Y lo mismo hizo el hermano, Andrés Morchón. Quedaron para las próximas vistas las dos hijas del fallecido empresario, Rosario y Laura, que desarrollaban labores de gestión en la compañía, además de una veintena de empleados muy próximos a la familia. No obstante, a medida que se desarrollan las sesiones del juicio quedan abiertas viejas y nuevas incógnitas. Estos son algunos de los cabos sueltos del caso Funeraria.Mover un muerto. Todos los declarantes han coincidido en la dificultad que conlleva mover el cuerpo de una persona fallecida. De hecho, existen cursos de tanatopraxia y tanatoestética que instruyen sobre cómo tratar un cadáver. Del mismo modo, todos concuerdan en que para sacar a un muerto de una caja y depositarlo en otra o sobre una superficie rígida (necesaria para introducirlo en el horno) se necesita más de una persona. Sin embargo, los acusados aseguran que lo de sacar a los difuntos de sus féretros caros para meterlos en otros baratos o en tapas de cajas para su incineración era “cosa de Justo [Martín Garrido]”, el encargado —junto a otros dos trabajadores— del horno crematorio de Santovenia del Pisuerga, donde se encuentra Parque El Salvador, que incluye un cementerio. Aseguran los encausados que Justo, que fue quien denunció (con fotos, videos y documentos) esas supuestas prácticas a la policía en 2017, lo hacía “todo por su cuenta y riesgo”, sin que nadie le diera ninguna instrucción. Según ellos, lo hacía por venganza, porque no creía haberse quedado con una jubilación apropiada. Justo, que nunca negó si se enfadó por el tema económico, declaró ante el juez —antes de ahorcarse colgándose del árbol de su jardín en agosto de 2024— que por supuesto movía los cuerpos con ayuda, incluso del jefe y de su propio hijo, pero también de los otros empleados. Y que todo el mundo sabía lo que allí se hacía.Un millón de euros en bolsas de plástico. Durante los registros que llevaron a cabo los agentes de la Policía Nacional en la llamada Operación Ignis, explotada en 2019, se encontró casi un millón de euros en bolsas y sobres de plástico ocultos en el domicilio del patriarca, Ignacio Morchón Alonso. En su declaración ante el juez, realizada antes de morir, dijo que guardaba ese dinero para sus hijos porque él no se fiaba de los bancos. Sin embargo, ingresaba en cuentas todo lo que producía su empresa. ¿De dónde venía ese capital? Él aseguró que eran los ahorros de toda su vida. Su hijo, en cambio, durante el juicio explicó que su padre “era muy listo y tenía visión de negocio, y si tenía un duro lo invertía”. Y puso el ejemplo de los últimos tiempos en la funeraria, cuando ya se dedicaban a la construcción de toda clase de edificios.Empleados “familiares” sin cualificación. Del mismo modo que Justo entró a trabajar en la empresa en 1995 para devolverle un favor al alcalde de Santovenia de Pisuerga, según contó el hijo del empresario en el juicio, el resto de los empleados de Grupo El Salvador son mayormente familiares y personas sin cualificación. “Justo no tenía estudios ninguno”, aseguró Ignacio Morchón (hijo) ante el juez el pasado miércoles. Su tío, quien fuera durante años contable de la empresa, era un profesor de colegio. Su madre, la administradora, fue primero carnicera y pescadera con su padre y luego, con los años, le siguió en el negocio de la venta de ataúdes y en la creación de las funerarias. Muchos de los empleados son hijos de otros empleados, “colocados” por su padre por familiaridad, pero no por cualificación específica para el puesto. Esas relaciones, casi afectivas, hacen que los empleados y los propietarios de la funeraria investigada conformen hoy un bloque casi totalmente compacto.Conversaciones comprometidas. Las conversaciones de los pinchazos telefónicos realizados por la policía durante su investigación dejaron ver en la última jornada del juicio las complicidades entre los empleados y entre los trabajadores y los dueños. “Ha sido Justo, que les está extorsionando porque dice que siguen haciendo abajo [en el nuevo Tanatorio de Valladolid] lo que hacían arriba [en Santovenia]”, conversan por teléfono dos mujeres, parejas de empleados. “Esto es una pillada”, le dice uno de los trabajadores a otro, “iban a por él desde Interior”, asevera. “Conmigo no se iba a enterar nadie, pero con este payaso...”, comenta otro empleado, refiriéndose al hermano del dueño detenido, que ya jubilado seguía haciendo labores en el cementerio de Santovenia. “Los demás no van a decir nada, pero este tonto...”, remachan las mujeres en otra conversación.El consumo de gas. Pese a que supuestamente las incineraciones pasaron a hacerse en el último tanatorio que el grupo creó en la capital, en Valladolid, con un horno crematorio más moderno, el consumo de gas del horno de Santovenia se mantuvo siempre estable durante los años investigados: 2015-2025. Eso avalaría la versión de Justo, el denunciante y autor principal de las profanaciones, de que llevaban a la mayor parte de los difuntos a incinerarlos a las instalaciones antiguas de Santovenia de Pisuerga, donde él estaba. Para poder así llevar a cabo los cambiazos con mayor seguridad. También coincidiría con la versión de muchos de los perjudicados, que contaban que trasladaron hasta allí a sus fallecidos, pero que nos les dejaban ver cómo se producía la cremación. Y explicaría, quizá, el supuesto baile de urnas y cenizas denunciado por los afectados, que concluyeron durante el juicio que les dieron unos restos que no eran los de su familiar fallecido. La clave se llama Victorio. Victorio Senovilla, amigo y socio del fundador del imperio funerario, es hoy uno de los investigados. Desde hace décadas regentaba un taller contiguo al cementerio de Santovenia, donde hacía ataúdes. Es el mayor proveedor de la empresa de Ignacio Morchón Alonso y también quien le ayudó a defraudar a Hacienda con facturas falsas o inflando facturas en otras ocasiones, según contó el propio hijo del patriarca durante su declaración en el juicio. La policía sospecha de él y la investigación de Aduanas lo señala como presunto blanqueador del dinero que se obtenía de la reventa de los ataúdes rescatados del horno crematorio y que él mismo podía volver a venderle a su socio y amigo. La investigación constata un desajuste contable correspondiente al menos a 4.500 féretros. La Fiscalía estima el monto total de la estafa en cuatro millones de euros y calcula que se realizaron 5.973 cambiazos, por eso solicita 20 años de prisión para cada uno de los principales encausados, tres décadas de inhabilitación para prestar servicios funerarios, multas de 12 millones e indemnizaciones millonarias a los familiares de los fallecidos afectados por esas presuntas prácticas.