En el juicio por los supuestos cambiazos de ataúdes en Valladolid, los perjudicados descubren en sus declaraciones nuevas irregularidades
Javier Muñoz entró el miércoles en la sala de la Audiencia Provincial de Valladolid haciendo crujir el suelo de madera y se sentó en la silla ante el tribunal. A sus sesenta años, acudía como testigo para contar cómo fue la última despedida de su padre, Mariano, fallecido el 17 de marzo de 1997. Javier es solo uno más de la lista de 5.973 presuntos perjudicados por el “fraude de los ataúdes”. El 2 de marzo arrancó el juicio del llamado
/actualidad/1548924925_259545.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/politica/2019/01/31/actualidad/1548924925_259545.html" data-link-track-dtm="">“caso funeraria”, en el que se sientan en el banquillo 23 trabajadores y responsables del Grupo El Salvador, una macroempresa de servicios fúnebres con siete tanatorios en la provincia de Valladolid y un cementerio en Santovenia, a siete kilómetros de esa ciudad.
Allí vivía Justo Martín Garrido, quien trabajó 20 años (de 1995 a 2015) en el crematorio de la necrópolis, y que destapó en 2017 una presunta estafa mortuoria. Según las anotaciones y fotografías que realizó y archivó durante dos décadas en 26 libretas, su jefe, Ignació Morchón, dueño de ese imperio funerario familiar, le pedía que cambiara los cuerpos de los fallecidos de unos féretros caros a cajas baratas antes de meterlos en el horno crematorio para poder así volver a vender los ataúdes más lujosos. La Fiscalía estima que con esos cambiazos pudieron ingresar 3,66 millones de euros, y por la reutilización de los adornos y coronas florales, más de 380.000. El precio de un féretro oscila entre los 600 y los 4.000 euros.
