El hoy administrador de El Salvador-Funeraria Castellana Ignacio M.V, uno de los veintitrés encausados por el caso ataúdes, ha mantenido su inocencia, ha negado que en la empresa se sistematizara el 'cambiazo' de féretros y ha atribuido la causa a la "inquina, el cabreo y la mala hostia" de Justo M.G, quien fuera trabajador de la empresa y autor del dosier incriminatorio en el que se apoyan las acusaciones.En una de las jornadas más esperadas desde que el juicio comenzara en marzo en la Audiencia de Valladolid, Ignacio M.V, hijo del 'magnate funerario' Ignacio M.A, ya fallecido, ha subido al estrado para avalar el buen funcionamiento de la mercantil. En esta línea ha asegurado que la Ley de Policía Mortuoria hoy vigente en Castilla y León tiene su génesis en la experiencia profesional de El Salvador-Funeraria Castellana. "Seguimos siendo la número uno en Valladolid por el trabajo bien hecho y por hacer sencillo lo más difícil", ha ensalzado el acusado.Ignacio M.V, que solo ha contestado a preguntas de su abogado, ha utilizado el término "simulacro" para referirse a la documentación atesorada a lo largo de dos décadas por Justo M.G. De él ha dicho que sus peticiones no atendidas de subida de sueldo para mejorar su base de cotización, antes de jubilarse, y de que se contratara a un hijo y una hija constituyen la causa de que comenzara a extorsionar con ese material compuesto por fotos y anotaciones."Cuando comienzan sus amenazas me entrevisté con él y me dijo que no tenía nada contra la familia, solo contra mi padre porque se había hecho rico con una funeraria salida de la nada y Justo seguía cobrando lo mismo que cuando entró", ha recordado y ha añadido que ese malestar se tornó en "inquina, cabreo y mala hostia" cuando se enteró de que se había contratado al hijo de un compañero.Esa extorsión es la que llevó a Ignacio M.V. a personarse ante la policía para denunciar a Justo, "con absoluta tranquilidad porque nadie le había ordenado que hiciera esos cambios de ataúdes, el simulacro lo hizo únicamente él", sin que la dirección y el resto de empleados participaran. Ignacio M.V. tan solo ha reconocido la irregularidad del inflado de facturas que su padre realizó respecto de la compra de cajas al proveedor, también encausado, Victorio Senovilla."Senovilla facturaba por módulos y mi padre infló el precio de las cajas para pagar menos a Hacienda. Nos pillaron y la multa fue muy gorda. A partir de ahí se empezó a facturar correctamente", ha mantenido Ignacio, quien ha utilizado buena parte de su intervención para ensalzar la trayectoria de su padre, "un tío muy listo que era quien hacía y deshacía".Aunque estaba previsto que declararan más acusados, la jornada ha dado tan solo para que subieran al estrado la madre del anterior, María del Rosario V.L, y un cuñado de esta, Andrés M.A, quienes se han acogido a su derecho de no declarar, ya que buena parte del tiempo ha quedado reservado a la reproducción en sala de los testimonios que tanto Justo M.G. como el magnate funerario Ignacio M.A, ambos ya fallecidos, realizaron en 2019 en el juzgado en calidad de investigados.Declaración grabadaJusto M.G. ha hablado a través de una declaración que en vida realizó en sede judicial a raíz de la explotación de la Operación Ignis, para denunciar que el 'cambiazo de ataúdes' que se imputa a dueños y trabajadores en el periodo que media entre 1995 y 2015 era de dominio público en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), donde el cementerio del grupo realizó la mayor parte de las incineraciones.Así, Justo explicó su cometido en la empresa desde 1995, fecha de su ingreso, hasta su jubilación el 18 de febrero de 2015, primero en recepción y luego en el servicio de incineración en el cementerio de Santovenia, y refirió que se había sistematizado en la empresa una operativa, siempre bajo las órdenes del dueño, consistente en "robar" los ataúdes contratados por las familias de los difuntos para, una vez sustituidos por otros de "aglomerado", tapas u otros elementos, ser revendidos para nuevos sepelios.Justo insistía en que de este procedimiento eran partícipes otros trabajadores -cita el nombre de media docena de compañeros y conductores de los furgones-. También comentó que hacía una especie de 'paripé' que consistía en activar los ventiladores del horno para hacer creer que comenzaba la incineración, cuando en realidad dicho proceso no se realizaba hasta que se producía el 'cambiazo' de la caja, sin la presencia de los allegados de los fallecidos.También apuntó que este procedimiento no solo lo realizaban gente de confianza de Ignacio M.A. sino más personas por miedo a perder su puesto de trabajo. "Estábamos acojonados por el miedo a ser despedidos", aseguró el fallecido, quien argumenta que había seguido con esta práctica porque venía ya de un despido anterior y tenía problemas en la columna que complicaban la posibilidad de hallar otro empleo.Sostuvo que no participó en todos los "reciclajes" pero que de otros pudo levantar testimonio, en forma de fotografías y anotaciones, una vez que sus compañeros abandonaron el escenario. "Ni yo ni el resto de trabajadores hemos recibido una compensación económica por esta práctica", denunció en su día Justo en sede judicial, al tiempo que recordó que la prueba de que estos hechos se estaban produciendo era que tras la inauguración en 2013 del nuevo tanatorio provisto de horno, el antiguo que venía operando en el cementerio de Santovenia siguió a pleno rendimiento."En el parte de defunción se hacía constar que la cremación se había producido en el tanatorio, pero no era así, se había efectuado en Santovenia", denunciaba entonces Justo, y puntualizó que en algunas ocasiones la caja venía ya cambiada del tanatorio y en otras, el "robo" se producía en las instalaciones del camposanto. También hizo constar que en alguna ocasión el 'cambiazo' no se efectuó debido al cabreo que tenían los trabajadores con motivo de los atrasos y complementos que la empresa les adeudaba.El testimonio del fundadorDurante la sesión de este miércoles se ha reproducido igualmente el testimonio prestado en su día, en calidad de detenido en el juzgado, por el hoy fallecido Ignacio M.A, el que fuera fundador de la empresa, en el que rechaza los hechos imputados y achaca el proceso a la inquina hacia su persona por parte de Justo, quien le remitió unas cartas amenazantes alegando que cobraba poco. "Antes de esas cartas ya me había amenazado con acudir a la Fiscalía porque quería una compensación económica ya que estaba a punto de jubilarse y también me había pedido trabajo para sus hijos", recordó el empresario.Con respecto a las acusaciones vertidas por Justo, Ignacio M.A. aseguró que ni dio órdenes para que se realizara el 'cambiazo' de cajas ni lo había visto "nunca". Pero además, indicó que sería ilógico: "Si un ataúd cuesta 100 euros porque voy a cambiarlo por otro lleno de sangre, babas y mierda. Si alguien le ayudó que lo demuestre, yo desde luego no lo hice ni el resto de trabajadores".A lo largo de su interrogatorio, el fundador de la funeraria justificó en aquel momento que el casi millón de euros que la Policía intervino en el cuarto de la plancha de su domicilio en 2019 era de él y su familia, procedente del sueldo de 400.000 pesetas que percibían y por otros conceptos ahorrados de sus anteriores negocios de pescadería, carnicería y almacén de bebidas. "No tenía miedo a posibles robos, tengo más miedo a los bancos", indicó entonces.