La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se ha quejado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye la causa en la que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y otros graves delitos, de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI, organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda) le ha remitido el expediente sobre el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra con numerosas deficiencias. Los agentes aseguran en un informe fechado el pasado 22 de abril que en la documentación que recibieron del organismo público había carpetas “vacías de contenido” (destacando especialmente las que contienen información sobre las comisiones de seguimiento), archivos que “no pueden ser abiertos” (principalmente los relativos a la subsanación de errores) y correos electrónicos “únicamente al año 2025″, cuando la ayuda pública ahora bajo sospecha se tramitó y aprobó entre 2020 y 2021. La Policía hizo un segundo requerimiento, que el organismo público respondió de nuevo de manera incompleta, según denuncian los investigadores. La UDEF había solicitado a la SEPI ―el organismo encargado de gestionar el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas del que salió el rescate de la aerolínea― “toda la información relacionada con la ayuda pública temporal” concedida a Plus Ultra ante la sospecha de que hubo irregularidades en la tramitación del expediente que desembocó en su concesión. Las pesquisas apuntan a la supuesta participación de una trama de tráfico de influencias en la que “el liderazgo no visible en la estructura formal lo ejercería José Luis Rodríguez Zapatero”, con la participación destacada de su amigo y empresario Julio Martínez Martínez, titular de una compleja red societaria.Así, respecto a la ausencia de correos electrónicos anteriores a 2025 en la respuesta de la SEPI, la Policía insiste en que estas comunicaciones “existen o han existido, ya que algunos de ellas figuran, en formato PDF, en la carpeta dedicada a la fase de seguimiento y, en menor medida, en la de la fase de concesión” de la ayuda. Sobre esta última fase, la UDEF destaca que ha hallado tres “que reflejan cómo, desde la SEPI, se solicita cierta documentación a Plus Ultra para la subsanación de los errores de la solicitud”, lo que constata que “tuvo lugar un flujo de comunicación” entre los directivos de la compañía y un alto cargo del organismo público, José Ángel Partearroyo, que, sin embargo, no figura entre la documentación remitida a los investigadores. No es su única queja. Los agentes también han detectado la ausencia en el expediente remitido de un documento clave para las pesquisas: el certificado de que la aerolínea estaba, en el momento en el que solicitó la ayuda, septiembre de 2020, al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores. Era un requisito imprescindible para poder aspirar a la ayuda del Gobierno. La Policía recalca al juez que la consultora Deloitte, que había asesorado a la aerolínea durante la solicitud de la ayuda, lo citaba en su informe legal, por lo que debía figurar en la documentación que Plus Ultra había aportado al expediente. Sin embargo, la respuesta remitida por la SEPI no la incluye, critican los investigadores.La Policía insiste en este punto porque cuando la aerolínea presentó la solicitud formal para recibir el rescate, lo hizo acompañada de certificados fechados unos días, en agosto de aquel año, en los que se afirmaba que la compañía aérea no tenía pendiente de ingreso “ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social”. Esto permitió que el expediente siguiera adelante y finalmente fuera aprobada la ayuda de 53 millones. Sin embargo, la UDEF destaca ahora que la información facilitada por la Tesorería General de la Seguridad Social a la causa apunta en sentido contrario y que, en realidad, la compañía “mantenía una deuda vigente en ese momento”, aunque no especifica su cuantía. La Policía aspiraba a a aclarar esta discrepancia con toda la documentación. Estas quejas revelan el tira y afloja registrado entre la Policía y la SEPI durante los últimos meses a cuenta del expediente de Plus Ultra. La UDEF hizo una primera solicitud de documentación a mediados de diciembre, pero cuando vio que “la información aportada” por el organismo público a comienzos de este año era “incompleta”, realizó otra el pasado 11 de febrero en la que, además, instaba a este a que en esta ocasión enviase dos copias para evitar “los problemas técnicos” que habían impedido acceder a parte de los archivos informáticos remitidos en el primer envío. En su segunda respuesta, la SEPI negó que no hubiera facilitado lo solicitado e insistió en que la información la había remitido completa desde el principio y que, de hecho, solo añadía en este segundo envío un documento nuevo referido al seguimiento de la financiación entre finales de 2025 y la actualidad. La Policía rechaza esta afirmación y apostilla en su informe que “al comparar el contenido de la respuesta del primer requerimiento con el contenido de la respuesta de la reiteración, se observa que ambos difieren más allá de lo indicado por la SEPI”. Y añade: “En concreto, el número de archivos y carpetas aportados para responder al segundo requerimiento es notablemente inferior al de la respuesta al requerimiento original, desconociéndose dichos motivos”.La UDEF también se queja de que “existen documentos que, aun constando en fuentes abiertas [y cita informaciones de los diarios El Mundo y Vozpópuli], no figuran entre la documentación aportada”. Se trata, en concreto, de las actas de la SEPI del periodo de concesión de la ayuda relativas a los días 9 y 23 de febrero de 2021. Además, la Policía critica que ocho documentos que sí fueron enviados a la Audiencia Nacional con anterioridad no fueran incorporados por la SEPI entre los que remitió a ella, a pesar de que se los ha requerido en dos ocasiones. “Además, la carpeta dedicada a la documentación acerca del proceso de contratación de asesores externos [por parte de Plus Ultra] no contiene la información completa relativa a las ofertas económicas presentadas”, añaden los investigadores.