La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevaba meses investigando bajo secreto los movimientos de la red vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero y a la compañía Plus Ultra. La agenda de contactos de alto nivel de la trama y sus conexiones en el extranjero obligaron a los agentes, bajo la batuta de Anticorrupción, a actuar con máxima precaución, incluso, al margen de los protocolos internos de comunicación del Cuerpo. Mediante un decreto, al que ha tenido acceso El Confidencial, la fiscal a cargo del caso ordenó expresamente a la UDEF informar de los avances de la investigación sólo a ella, con exclusión de otra norma y protocolo por el que se obliga a comunicar Asuntos Internos de cualquier pesquisa abierta contra un agente de policía. El documento fechado el 22 de diciembre versaba sobre la investigación abierta contra el comisario del puesto fronterizo del aeropuerto Madrid Adolfo Suárez Barajas, Jesús María Gómez Martín. La investigación dirigida ahora por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha permitido desvelar la presunta colaboración de este comisario con la red vinculada al expresidente del Gobierno. Del análisis de los dispositivos incautados a los investigados se desprende que el comisario de Barajas, conocido por estar en la pista cuando aterrizó Delcy Rodríguez en Madrid en enero de 2020, habría colaborado con la red de tráfico de influencias y blanqueo vinculada a Plus Ultra a cambio del cobro de comisiones. El alto mando policial mantenía una relación cercana con varios de los investigados, el empresario venezolano Danilo Diazgranados, del que había recibido al menos 7.000 euros a través de varias mercantiles. Los agentes también incluyen la entrega de regalos de lujo como botellas de vino de alto valor. Su presunta colaboración con la trama salió a la luz después de que se localizaran dos mensajes en el teléfono del abogado Miguel Palomero en los que se hacía referencia al cobro de mordidas por parte del comisario. De estas comunicaciones se infieren "peticiones de favores y presuntas gratificaciones que sugieren delitos de tráfico de influencias y cohecho relacionados con funcionarios policiales e incluso con autoridades judiciales". La fiscal Elena Lorente pidió en diciembre investigar bajo secreto su capacidad operativa en Barajas en otro u otros de Madrid, como es el caso del aeropuerto de Cuatro Vientos, y conocer sus competencias relacionadas con el control de pasaportes, el control de áreas restringidas, el control de llegadas/salidas de vuelos tanto de compañías aéreas como de vuelos privados. También ordenó a la UDEF informar sobre aquellos datos que estén relacionados con su nivel de vida, con especial atención en la "eventual existencia de bienes a nombre de terceros próximos o afines a él así como cualquier circunstancia determinante, en su caso, de un modo de vida real acorde o desacorde con sus ingresos conocidos". Todo esto sin informar a Asuntos Internos para evitar filtraciones. Meses más tarde, la causa ya ha pasado a ser investigada por la Audiencia Nacional donde ya se ha acordado levantar el secreto de sumario. Por el momento, la causa apunta a la existencia de una red de tráfico de influencias liderada presuntamente por Zapatero, que se sirvió de sus contactos del más alto nivel para acceder a información privilegiada y hacerse, entre otras cosas, con el rescate de 53 millones de la SEPI pese a no cumplir con los requisitos. El instructor señala al expresidente del Gobierno como la llave de acceso de la trama a la Administración española, así como enlace con las altas instancias del Gobierno de Nicolás Maduro. Los beneficios de sus operaciones fueron canalizados a través de sociedades pantalla con sede en Dubai, Francia, Suiza y España. Al exlíder socialista se le atribuye el cobro de al menos dos millones de euros. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevaba meses investigando bajo secreto los movimientos de la red vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero y a la compañía Plus Ultra. La agenda de contactos de alto nivel de la trama y sus conexiones en el extranjero obligaron a los agentes, bajo la batuta de Anticorrupción, a actuar con máxima precaución, incluso, al margen de los protocolos internos de comunicación del Cuerpo.