Helène y su hijo Jaime caminan desconcertados entre cajas, libros, platos, muebles desmontados y fotografías familiares. En la casa donde durante casi tres décadas hubo comidas bajo los pinos, celebraciones de Navidad, niños corriendo, pájaros y un estanque con peces, está todo listo para que entren las máquinas. Antes de un año aquí mismo habrá 18 chalets con piscina en la milla de oro del noroeste madrileño. La primera vez que la familia San Román apareció en EL PAÍS fue en el año 2002, en un texto de Rafael Fraguas titulado “Robinson Crusoe vive en la Cuesta de las Perdices” y con este subtítulo: “Una familia con cinco hijos se opone a que su finca, con 196 árboles, sea integrada en una urbanización”. El texto hablaba de una familia del barrio de Valdemarín, en el distrito Moncloa-Aravaca, que se resistía a la urbanización y que se había declarado en rebeldía ante la Junta de Compensación para defender una finca en la que había 196 árboles de 25 especies distintas; entre ellos, cipreses, moreras, olmos, magnolios, nogales, cedros o chopos.Miguel San Román, Helène Gomendio y sus cinco hijos (Jaime, Luis, Juan, David y Pedro) llegaron a esta casa hace 30 años. Era el año 1997 y la finca incluía un terreno de 6.500 metros cuadrados y una construcción de los años 60, de una planta y techo de teja, como tantas otras en Pozuelo y Aravaca cuando eran lugares de segunda residencia para madrileños.Casi 30 años después, Valdemarín ha quedado absorbido entre la A-6, el hipódromo, un colegio religioso o el edificio del CNI, en una de las zonas más caras de España. La disputa legal comenzó a principios de siglo con la aprobación de un plan urbanístico del Ayuntamiento de Madrid por el que se permitía urbanizar la zona. La familia de Miguel San Román se opuso y rechazó el dinero que le ofrecía la Junta de Compensación. “Simplemente no quería dinero, solo que dejaran mi casa donde está. Que me dejaran en paz”, insiste Miguel con una simpleza demoledora. Los juicios y recursos han durado 20 años hasta que, el pasado mes de abril, el juzgado notificó la orden de expropiación y programó para el martes 26 de mayo el desahucio.A lo largo de este mes, los hermanos San Román han ido desmontando la casa donde se criaron como si fuera un velatorio donde, si alguien llora, otro le recuerda que tuvieron “la mejor infancia del mundo”, dice Jaime. Ahora que todo terminó, su madre resume dos décadas de lucha: “Nunca hemos querido dinero. Solo que nos dejen como estamos. Esta ha sido nuestra vida y lo único por lo que hemos luchado es por conservar la casa familiar”.—Mira, un petirrojo —dice Helène cambiando repentinamente de tema.—Creo que tiene el nido más allá —aclara, sorprendida.Llama la atención que algo que no sea un dron sobrevuele la zona y que alguien sea capaz de distinguir al abrumado animal, a un costado de la A-6, por donde pasan 150 vehículos en ambas direcciones cada minuto.Este es un lugar extraño y esta no es una familia, sino un clan: llevan todo el siglo XXI peleando por una casa. Desde el principio, el matrimonio decidió no unirse a la Junta de Compensación. La madre recuerda que reunieron a sus hijos y les explicaron la decisión de empezar a litigar para salvar la casa. De esta forma, los cinco chicos, hoy treintañeros, han crecido con naturalidad estudiando la Ley del suelo, la Ley de Expropiación Forzosa o buceando en el catastro buscando agujeros a la ley. Con la misma naturalidad que identifican un castaño de indias o diferencian el verdecillo de la abubilla.Durante todo este tiempo, la familia ha resistido como la vieja aldea gala de Astérix rodeada de romanos. Lo que eran descampados y fincas cuando llegaron fue poco a poco llenándose de rotondas, chalets, muros y piscinas, muchas piscinas. Mientras todo esto pasaba, los San Román frenaban uno de los desarrollos inmobiliarios más caros de España.Cuando salió la sentencia, en 2005, finalmente se aprobó una expropiación forzosa por la que la familia cobró 2,5 millones de euros, aunque alegaron que valía 23 millones incluyendo el valor de los árboles. “La única forma de frenar la operación es que el precio por desalojarnos fuera tan alto que hiciera inviable la operación y que así desistieran”, dice Miguel San Román, arquitecto de profesión. En la pugna legal, Miguel encontró fallas en el plan general aprobado y consiguió que se anulara, lo que obligó a volver a empezar todo el replanteamiento. Finalmente, los tribunales decidieron volver al diseño original, incluyendo algunos retoques, aunque desestimaron el grueso de sus alegaciones. Un proceso que duró 20 años.Durante todo este tiempo, las presiones han sido continuas. “Las constructoras querían que abandonáramos y ofrecían dinero a mis padres por separado para dividirlos”, recuerda el hijo.Valdemarín no es solo una zona residencial exclusiva del noroeste de Madrid, sino una de las bolsas de suelo unifamiliar más codiciadas de la capital: chalets, urbanizaciones cerradas, baja densidad, colegios privados, cercanía a la A-6, Aravaca, Pozuelo y la Casa de Campo. En abril de 2026, las inmobiliarias situaban que en Moncloa-Aravaca el precio del metro cuadrado llegaba a casi 6.400 euros, muy por encima de la media de Madrid capital, que ronda los 4.600 euros el metro cuadrado. Esta semana Telefónica vendió su icónico edificio de Gran Vía 28, 32.000 metros en 13 plantas, por más de 200 millones de euros, lo que supone unos 6.250 euros el metro cuadrado, un precio similar a esta zona. Sin embargo, Valdemarín es la milla de oro de la vivienda unifamiliar de lujo.El nuevo plan prevé la construcción de 18 chalets en ese espacio. Si hace dos décadas hubieran aceptado el acuerdo, tocarían a dos chalets por cabeza, aunque es mejor no hablar de ese tema en medio del luto. “Entiendo que es difícil de entender, pero es que vender nunca fue una opción”, zanja Jaime San Román, el mayor de los hijos, de 36 años. “Los cien juicios que he tenido nunca han sido para pedir más dinero”, añade su padre, “sino para que me dejaran en paz”. “Que hagan su negocio, pero que a nosotros nos dejen tranquilos en nuestra casa”, insiste, con un argumento tan simple como desconcertante para quienes han hecho lo posible por doblegarlos.La vida de los San Román ha caminado en paralelo a la reciente historia económica del país. En 1997, el matrimonio compró la casa al dueño de un vivero. Pocos años después, el Ayuntamiento aprobó un plan urbanístico que permitía construir en toda la zona y desde entonces los cinco hijos han crecido rodeados de grúas. “Solo paró un poco en 2008 con la crisis”, resume Jaime.Los San Román llevan un mes metiendo su vida en cajas desde que el juzgado comunicó la ejecución de la sentencia. Unos días lo hacen “con ira, otras con nostalgia y otras con resignación”, dice el hijo en el porche de la casa. “Entiendo que las ciudades tienen que crecer y he aprendido que la justicia no es justa, pero es práctica. Una sentencia a favor nuestro supondría declarar ilegales todas estas viviendas”, dice moviendo el brazo en el aire para señalar los cientos de vallas y de chalets con cámaras que tiene delante. Precisamente eso, llenarlo de “terceros afectados”, ha sido parte de la estrategia para facilitar la sentencia. “Ningún juez se atreve a fallar en contra de tanta gente afectada”, agrega el mayor de los hijos, desde lo alto de la Cuesta de las Perdices, a nueve kilómetros de la Puerta del Sol.Unas semanas antes de llevarse el último mueble, uno de sus hermanos llegó con un espray y la familia decidió dar rienda suelta a lo que estaban viviendo escribiendo sobre la fachada de la casa. Uno puso: “HP”, su madre: “Mis hijos están en todas partes: su risa, su alegría…” y el último escribió: “Aquí se fue feliz”.