Este domingo en Madrid volverán a sonar las llaves de miles de inquilinos indignados. Por tercer año consecutivo el movimiento por el derecho a la vivienda sale a las calles para exigir una bajada de los alquileres y medidas contra la especulación. "La vivienda nos cuesta la vida" es el lema de esta manifestación, a la que se han sumado decenas de colectivos. Desde las profesoras de infantil a organizaciones universitarias o de pensionistas.Publicidad"La crisis de la vivienda nos afecta a todos, por mucho que quieran enfrentar al último con el penúltimo", advierte Alicia del Río, portavoz del Inquilinato. A los jóvenes, que no pueden emanciparse; a las personas mayores, que no llegan a final de mes con su pensión; a los niños, que no saben dónde terminarán sus estudios. Todos ellos forman parte de lo que Javier Gil, investigador del CSIC, ha denominado generación inquilina. Este grupo, que se ha ido conformando desde la crisis de 2008, no entiende de edades, pero sí de clases sociales y desigualdad.Las historias de Paca, Patricia y María son un buen ejemplo de esta nueva realidad. Son tres mujeres en etapas vitales diferentes, que viven en Madrid, y tienen un problema en común: la vivienda. Ninguna ha podido acceder a una hipoteca y tampoco cree poder hacerlo en el medio plazo.Paca, 77 años y al borde del desahucioFeminista, ecologista, antifascista, pensionista e inquilina. Las luchas sociales en las que Paca Blanco ha estado implicada son tantas como fechas señaladas en su agenda. A sus 77 años no para. Va de acto en acto, defendiendo el cierre de las nucleares o dando a conocer su lucha de terror en el Patronato de la Mujer. Hace un esfuerzo para sacar hueco y hablar con Público.PublicidadViaja tanto que tardó varias semanas en recoger la carta en la que le anunciaban su desahucio. Le daban menos de un mes para empaquetar sus cosas e irse, pero ella usó ese tiempo para organizarse con el Sindicato de Inquilinas. La casa en la que vive desde hace más de una década, en el distrito de Retiro, está a nombre de su hijo, que se marchó al extranjero al poco de acogerla. Desde entonces Paca se ha hecho cargo del alquiler y ha tratado de subrogar el contrato –de carácter social– sin éxito."De aquí solo me sacan con los pies por delante”, repite sin parar. Blanco sufre algunos problemas de movilidad y la única alternativa que le han ofrecido es ir a una residencia, extremo al que se niega en rotundo. Para ella sería volver a estar encerrada en una institución como en la que estuvo internada durante su adolescencia.Publicidad"Somos muchas personas de setenta y tantos, como Mariano o Mari Carmen, que tenemos problemas serios de salud y nos están dejando en la puñetera calle. No hay derecho, con lo que hemos luchado", denuncia con rabia. Intentará acudir a la manifestación, "como buenamente pueda", a pesar de que le cuesta caminar. "Ahora mismo, para la vivienda y para todo solo hay una solución: que lo que viene por delante no nos pille solos. Que no vaya cada uno a su apaño y a salvar su culo. Todos tenemos una misma causa. Necesitamos un techo", sentencia.Blanco cree que se está tratando de crear un conflicto inexistente entre generaciones y que la crisis habitacional "nos afecta a todos". Toda la vida los pobres hemos tenido estos problemas. Hemos vivido en chabolas, sin luz, sin agua, sin alcantarillas. Compartíamos piso entre familias, como ahora. No hace tanto de esto, y cuando parecía que estábamos sacando la cabeza, nos metieron en la burbuja inmobiliaria y nos arruinaron la vida", concluye esta activista, que también formó parte de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.Patricia, 28 años: no puede ahorrar ni alquilar en solitarioPatricia no ve nada de relevante en su historia, porque es la que comparte con la mayoría de sus amigos y conocidos. "Mi amiga Nerea se ha casado y se ha vuelto a casa de sus padres porque se le iba todo en la renta y no iba a poder comprarse algo nunca", cuenta.Alquila un piso junto con otras tres chicas en Moncloa, por el que paga algo más de 500 euros, un precio que ve razonable "para como está la zona". A sus 28 años ve imposible ahorrar lo suficiente para dar una entrada. Ni siquiera se plantea vivir en solitario. "Sólo en el alquiler se me va un 40% del sueldo. A eso súmale gastos, comida y los viajes a València para ver a mi familia. No me queda nada a final de mes", asegura. "Lo mismo me puedo alquilar una furgoneta, porque con estos precios, ni un zulo de 20 metros".Lleva algo más de tres años viviendo en la capital, desde que vino a estudiar un máster. En su anterior piso pagaba unos doscientos euros menos, pero la convivencia y la relación con la casera "era un infierno". "Nos metió una subida brutal y quería que pagáramos nosotros los honorarios. Fui la única del piso que se negó y me hicieron la vida imposible hasta que me fui", detalla.Publicidad"Hemos normalizado que una habitación cueste lo mismo que una hipoteca o más, y no se está compensando con los salarios", lamenta. Cree que su situación es "mucho peor" que la que tuvieron sus padres a su edad, a lo que se suma el hecho de haberse mudado a Madrid: "En esta ciudad es imposible para cualquiera. Tengo compañeros que, con treinta y tantos, siguen compartiendo piso". María, 37 años: si no la renuevan, se irá de Madrid María –nombre ficticio– fue beneficiaria del antiguo programa de Obra Social la Caixa. En 2006 se adjudicaron algo más de un centenar de pisos en Vallecas, Vicálvaro y Pinto a familias vulnerables: mayores de 65 años, jóvenes, personas con bajos ingresos… Así llegó esta mujer de 37 años al barrio donde ya lleva casi dos décadas viviendo, junto con su pareja, sus tres hijos y sus mascotas.Inicialmente pagaba unos 460 euros, un precio "acorde a sus ingresos y su situación familiar". "Nos iban subiendo el alquiler progresivamente. Unos diez euros al año, siempre dentro de unos márgenes asumibles. Se trata de nuestra vivienda habitual y estable, no algo temporal", cuenta. La situación empeoró en 2025, cuando La Caixa vendió los inmuebles a un fondo buitre. Fue cuando empezaron "los fines de contrato y las no renovaciones".PublicidadMaría y su familia llevan meses sufriendo presiones: llamadas, burofax, falta de mantenimiento… El alquiler que ahora le plantean es de 1.450 euros, una cantidad que está completamente fuera de su alcance, así que decidieron esperar a que le terminara el contrato para echarla". "Pedí en plazo la prórroga de dos años y estoy a la espera de ver qué pasa, con una incertidumbre permanente de quedarme en la calle con tres niños", relata.La inquilina tiene claro que no puede permitirse una hipoteca o un alquiler a precio de mercado. De no renovarse su contrato, se tendría que ir del barrio y de Madrid, la ciudad en la que ha nacido y tiene a toda su familia. Por eso se ha organizado con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, junto con decenas de hogares en su misma situación. "El problema no es mi caso: esto es algo que le está ocurriendo a muchísima gente tras la venta de viviendas sociales a fondos de inversión", concluye.