El Grupo Parlamentario Socialista propone una reforma del Reglamento del Congreso para penalizar económicamente (de los 1.000 a los 2.000 euros) las conductas inapropiadas de los diputados en el hemiciclo. Tal y como explican en una nota de prensa, los socialistas ponen de manifiesto que "en los últimos años se ha producido un deterioro progresivo de las formas parlamentarias, evidenciado en interrupciones constantes, uso de expresiones ofensivas e incluso actitudes de violencia e intimidación hacia la Presidencia de la Cámara". Los diputados o diputadas que, después de tres llamadas al orden, sean expulsados tendrán, además, que pagar una multa.PublicidadLo ejemplifican con el caso del diputado de Vox José María Sánchez García, que, el pasado 14 de abril, llegó a levantarse de su escaño para increpar al vicepresidente primero de la cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento ocupaba el puesto de la Presidencia. Son comportamientos que, en palabras de los socialistas, "lejos de contribuir al debate político constructivo, erosionan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones". Por ello, abrochan, "resulta necesario abordar una reforma del régimen disciplinario que permita reforzar su eficacia, adecuándolo a las exigencias actuales y proporcionando a la Cámara herramientas más eficaces para dar respuesta a situaciones de conflictividad".Adicionalmente, la propuesta del Grupo Socialista introduce, en el artículo 101, una nueva causa de suspensión temporal de la condición de diputado, aplicable en los casos en los que se produzcan, en el recinto parlamentario, actos de violencia o intimidación grave dirigidos contra los órganos de gobierno de la Cámara o contra el personal que presta servicio en la misma —en particular el cuerpo de letrados y los ujieres—, tanto en el transcurso de las sesiones como fuera de ellas."La reforma", argumentan, "se fundamenta en la necesidad de proteger la integridad institucional del Congreso de los Diputados y de salvaguardar la autoridad de sus órganos de gobierno —la Presidencia y la Mesa—, siendo su respeto un elemento clave para el funcionamiento eficaz de la Cámara". Además, se incide en la protección del personal al servicio de la Cámara frente a cualquier forma de violencia o intimidación, garantizando "condiciones de trabajo seguras y dignas".En cuanto a las sanciones económicas, se propone la modificación del artículo 104, que prevé la expulsión del hemiciclo de los miembros de la Cámara, en caso de reiteración de conductas inapropiadas durante el desarrollo de las sesiones, tras tres llamadas al orden. "La experiencia acumulada en los últimos años ha puesto de manifiesto que esta medida, por sí sola, no siempre resulta suficiente para disuadir de estos comportamientos perturbadores", por lo que se "evidencia la necesidad de reforzar el carácter efectivo y disuasorio del régimen disciplinario". La multa de 1.000 a 2.000 euros se impondrá cuando se expulse a un diputado o diputada y será más o menos costosa en función de "la resistencia mostrada a acatar los requerimientos de la Presidencia".