El Congreso ha aprobado este jueves una nueva reforma de su Reglamento interno para reforzar las medidas y sanciones que aseguren un mejor comportamiento de los diputados ante la evidencia del creciente número de incidentes, especialmente contra la Presidencia de la Cámara y contra los servicios técnicos de los letrados. La propuesta del PSOE recabó el respaldo de todos los partidos del bloque de investidura, con 179 votos a favor, pese a llevar distanciados por otros asuntos hace meses. PP y Vox volvieron a unir sus 169 escaños en contra. La diputada popular y vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso, Marta González, aprovechó su intervención sobre la medida para arremeter contra la presidenta de las Cortes, la socialista Francina Armengol, porque entiende que el problema, que reconoce, ha crecido por su falta de autoridad y moderación. Vox negó sus actuaciones y se retrató como los ofendidos.El Reglamento del Congreso, que tiene 44 años de vigencia, había sido retocado hasta ahora en 22 ocasiones, la mayoría de ellas para adecuar su terminología a la nominación diferente de sus diversas comisiones. Era así un texto, con rango de ley, que se consideraba “estable”. La realidad de la polarización en la política nacional, del desarrollo de los debates y del trabajo inmediato de los medios de comunicación lo ha cambiado radicalmente. Solo en esta XV legislatura se han aprobado ya cuatro reformas del Reglamento y hay otras ocho en espera. Uno de los cambios ya en vigor reguló mejor la respuesta a la actuación de los activistas ultras que acosaban a representantes de partidos de izquierdas y a periodistas.La resquebrajada mayoría de investidura se reagrupó este jueves para impulsar el primer paso “para actualizar y mejorar el régimen de la disciplina parlamentaria”. El PSOE expone tras este enunciado que “en los últimos años se ha producido un deterioro progresivo de las formas parlamentarias, evidenciado en interrupciones constantes, uso de expresiones ofensivas e incluso actitudes de violencia e intimidación hacia la Presidencia de la Cámara, como el episodio protagonizado por el diputado de Vox José María Sánchez García el pasado 14 de abril”. Y aluden así al incidente que ese día el diputado ultra protagonizó al acceder al estrado que ocupa la Presidencia del Congreso para formular una protesta a escasos centímetros de la persona que ostentaba en aquel momento esa representación, la tercera autoridad del Estado. El diputado de Vox fue llamado al orden tres veces y expulsado, tras increpar a la letrada de la sesión.Aquel episodio fue el detonante de esta propuesta del PSOE, que se venía larvando tras el cúmulo de “comportamientos que, lejos de contribuir al debate político constructivo, erosionan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”. El grupo socialista planteó así retocar los artículos 101 y 104 de esa normativa en su apartado disciplinario “para reforzar su eficacia, adecuándolo a las exigencias actuales y proporcionando a la Cámara herramientas más eficaces para dar respuesta a situaciones de conflictividad”.Nadie niega en el Parlamento que el clima político y entre los diputados se ha erosionado gravemente en los últimos tiempos. En lo que difieren es en asumir alguna responsabilidad. La portavoz socialista, Rafaela Romero, abundó en esos argumentos para justificar la necesidad de dar más instrumentos a la institución para frenar el deterioro de la realidad parlamentaria y enumeró los casos de intimidación, desprecio, caos, acoso y hasta violencia que se han reproducido en esta compleja legislatura. Romero esgrimió que la modificación, homologable a otros parlamentos europeos, persigue “no permanecer impasibles”, y en ningún caso busca “sancionar ideas o posiciones políticas, sino solo conductas incompatibles con la dignidad de la Cámara”.El diputado del BNG, Néstor Rego, que apoyó la reforma ante la “evidencia de la derecha y ultraderecha envalentonadas”, apuntó a que la responsabilidad en este tipo de actuaciones no debería ser solo individual, sino implicar a los grupos afectados. El PNV vio oportuna la propuesta. Junts, clave para que saliera adelante, resaltó que se haya tenido que abordar ahora tras casi 50 años de etapa democrática, pero también apostilló que habrá que ajustar y precisar más los cambios en su trámite parlamentario. Pilar Vallugera, de ERC, recordó cuando este Congreso expulsó a su exportavoz, Joan Tardá, por hablar en catalán y advirtió de lo que puede pasar en próximas legislaturas si ganan y gobiernan PP y Vox al disponer de estos instrumentos de sanción.El debate se encarriló así hasta el momento en que la dirección parlamentaria de Vox consideró oportuno que defendiera su oposición precisamente el diputado ultra José María Sánchez, que fue quien protagonizó el 14 de abril el enfrentamiento que acabó con su expulsión. Sánchez justificó “el episodio menor” en que había subido al estrado presidencial para denunciar que un diputado de ERC le había llamado “criminal y asesino”. Y consideró que, como la Presidencia ―que ostentaba en aquel momento en funciones el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis― no le dio la razón, se dirigió también a la letrada. Sánchez, en cualquier caso, negó ser el “ofensor”, sino “el ofendido”, y hasta cuestionó que un diputado no pueda plantarse en el estrado presidencial “porque no es un altar”.La diputada del PP Marta González, vicepresidenta cuarta de la Cámara, razonó su rechazo a la reforma en que con el Reglamento actual ya hay mecanismos suficientes para actuar, sancionar y evitar los malos modos y maneras que reconoció que se han multiplicado. Pero González achacó toda la responsabilidad al “fracaso” por falta de “autoridad” como “policía moderadora” de la actual presidenta al “confundir tolerancia con pasividad” y por “no corregir los excesos en tiempo real”.