La expansión territorial del Ministerio Público (MP), con agencias en 340 municipios y la implementación del modelo de gestión integral de casos, permitieron una reducción drásctica de la mora fiscal acumulada durante años. Sin embargo, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) advierte que el principal desafío para el MP sigue siendo la capacidad real de investigación y de llevar los casos ante la justicia, ya que únicamente un promedio del 3.5% de los casos gestionados entre el 2018 y el 2025 llegó a una etapa de acusación penal.
David Casasola advirtió que la ampliación de fiscalías en todo el país y la agilización para tramitar expedientes no se tradujo necesariamente en mayor acceso a la justicia ni en investigaciones más efectivas, lo que supone uno de los principales desafíos para la nueva gestión del fiscal Gabriel García Luna. El análisis formó parte de la presentación del Índice de Denuncias de Delitos mensual de mayo.
Según datos expuestos por el CIEN, el MP pasó de tener cobertura en 183 municipios en el 2020 a alcanzar presencia en los 340 municipios del país en abril del 2021.
No obstante, Casasola señaló que la expansión territorial debe evaluarse con cautela porque “la situación delictiva tiene una concentración geográfica muy particular”, y abrir fiscalías no garantiza que el resto de instituciones del sistema de justicia tenga la misma capacidad operativa.
