El Departamento de Justicia informó este martes “el despacho y resolución” de 229 casos ante la consideración de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), pero advirtió al Senado que no entregará las órdenes de cierre ni los informes de los fiscales tras sostener que son documentos protegidos por la jurisprudencia vigente.“El rendimiento y la agilización de la DIPAC están validados con datos y estadísticas claras que reflejan nuestro compromiso con el pueblo de Puerto Rico. Ahora bien, las órdenes de cierre y los informes de los fiscales no son documentos de libre divulgación; constituyen el núcleo del producto de trabajo del Ministerio Público y forman parte de un proceso deliberativo interno”, informó la subsecretaria de Justicia, Annette Esteves Serrano, vía comunicado de prensa.Según la funcionaria, permitir el acceso público a estos escritos expondría las estrategias legales y evaluaciones de evidencia de los fiscales, lo que –a su juicio– laceraría “irremediablemente” la efectividad de futuras investigaciones criminales e, incluso, de casos activos o ante los tribunales”. El cierre o resolución de los casos, según Esteves Serrano, ocurrió entre junio de 2025 y abril de 2026, como resultado de firma de la Orden Administrativa 2025-09, con fecha del 3 de septiembre del pasado año, que instruyó la reevaluación de las pesquisas de integridad pública con más de dos años de antigüedad. “Hay que ser responsables para que la rendición de cuentas no vulnere el debido proceso de ley ni las protecciones que cobijan el sumario fiscal”, insistió. Entre los casos cerrados, está la pesquisa que, desde 2022, pesaba sobre Suzanne Roig Fuertes, actual secretaria de la Familia, por presuntos actos irregulares cometidos mientras se desempeñaba en un puesto gerencial del Departamento de Salud.En el marco de las denuncias de mal manejo del caso de Roig Fuertes, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, requirió a Justicia no solo el listado de los casos cerrados a la luz de la orden administrativa, sino también “copia de cada orden de cierre y archivo para cada uno de los casos”. Esteves Serrano argumentó que los informes son documentos “predecisionales” protegidos por ley y que su divulgación violaría la privacidad de testigos y personas contra las que no se halló causa, afectando su derecho a la intimidad y reputación. Mientras, las reglas de evidencia protegen los análisis legales y las interpretaciones de la prueba recopilada por el abogado del Estado, agregó.“En Justicia, continuaremos colaborando con el Senado de Puerto Rico y proveyendo toda la información estadística que certifique nuestra gestión, pero continuaremos cumpliendo nuestra obligación ministerial de proteger las garantías procesales y los derechos de los ciudadanos”, concluyó.