El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, advirtió este miércoles que su equipo legal evalúa acudir a los tribunales ante la negativa del Departamento de Justicia de revelar detalles sobre el archivo de 229 casos que estaban ante la consideración de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC).Según Hernández, la negativa de Justicia a entregar las órdenes de cierre y los informes de los fiscales –amparándose en que son documentos protegidos por la jurisprudencia vigente– es parte de un supuesto patrón de falta de transparencia que, dijo, busca ocultar información de alto interés público.“Estamos defendiendo el derecho de la ciudadanía de conocer los detalles de casos de alto interés público, y el Senado tiene la facultad de reclamar la información pertinente que pueda ayudarnos en la tarea que desempeñamos como legisladores, ya sea presentando legislación, fiscalizando, mirando de cerca la marcha de la cosa pública”, sostuvo.A principios de mayo, el pleno del Senado aprobó la petición de información 2026-0063, requiriéndole a Justicia no solo el listado de los casos cerrados a la luz de la Orden Administrativa 2025-09, sino también una “copia de cada orden de cierre y archivo para cada uno de los casos”. “Este ‘modus operandi’ lo hemos visto ya, como en el caso de Antonio Sagardía (exsecretario de Justicia y contratista gubernamental), donde se negaron a someter documentación, y el Senado tuvo que acudir a los tribunales y ya sabemos el resultado. También, lo vimos con el caso de Suzanne Roig Fuertes. En resumen, estamos ante un gobierno de doble cara: para perseguir a quienes denuncian actos de corrupción e ilegalidades, son rápidos, pero, para combatir la corrupción, no lo hacen; para eso, no hay prioridad”, declaró Hernández.Ayer, martes, Justicia informó que, entre junio de 2025 y abril de 2026, la DIPAC despachó 229 casos que llevaban ante su consideración más de dos años. Entre los casos cerrados, está la investigación que, desde 2022, pesaba sobre Suzanne Roig Fuertes, actual secretaria de la Familia, por presuntos actos irregulares cometidos mientras se desempeñaba en un puesto gerencial del Departamento de Salud.Al informar que no entregaría la información solicitada, la subsecretaria de Justicia, Annette Esteves Serrano, argumentó que los informes son documentos “predecisionales” protegidos por ley y que su divulgación violaría la privacidad de testigos y personas contra las que no se halló causa, afectando su derecho a la intimidad y reputación.Hoy, miércoles, Esteves Serrano reafirmó el proceder de Justicia “de actuar conforme a derecho y no ceder a presiones políticas”. “Esta agencia actúa guiada estrictamente por el debido proceso, la normativa aplicable y la protección indeclinable de las garantías constitucionales”, dijo, por escrito. Argumentó, además, que la petición de la delegación del PPD es “indiscriminada e incompatible con los criterios de razonabilidad, pertinencia y propósito legítimo, que rigen la facultad investigativa legislativa”. Tras la determinación, Hernández cuestionó el hecho de que Justicia sí compartiera con el Senado los detalles del cierre de los señalamientos contra Roig Fuertes, pero se niegue a hacer lo propio en las restantes instancias. “Si se pudo hacer en ese asunto, ¿por qué no lo pueden enviar para los demás casos? A nuestro entender, el proceder del Departamento de Justicia evidencia que algo se oculta. ¿Qué caso cerraron que no quieren que el país sepa, a quién buscan proteger?”, señaló.Al respecto, Esteves Serrano rechazó la comparación con el caso de Suzanne Roig, ya que su manejo “respondió a circunstancias particulares de alto interés público y a información previamente divulgada”. “Pretender extrapolar ese manejo carece de fundamento jurídico”, puntualizó.Tras emitir la orden de cierre, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, alegó que la directriz respondía a una auditoría de la Oficina del Contralor, que señalaba que la agencia mantenía pendientes de investigación decenas de casos, algunos de hasta 2014. “La Oficina del Contralor nunca dijo que había que establecer un término para detener o paralizar las investigaciones y elevar esto a la Secretaría de Justicia”, dijo Hernández. “Lo que señaló... era que había que adoptar una reglamentación para atemperar la DIPAC al ordenamiento vigente y que, incluso, había que asignar más fiscales a esa división”.Referencia