ConcienciaMás allá del cambio de fiscal general, el reto sigue siendo reducir la impunidad y fortalecer la justicia penal.
El nuevo fiscal general asumió funciones en medio de un ambiente de desgaste institucional y fuerte polarización alrededor del Ministerio Público (MP). Durante años, la institución ha estado en el centro del debate político. Pero sin ese ruido, hay que preguntarse cómo medir la institución.
La Constitución y la Ley Orgánica del MP le asignan funciones de enorme peso. Ejercer la acción penal pública, dirigir la investigación criminal y velar por el cumplimiento de la ley. Pero actuando con objetividad y respeto al debido proceso.
Con la Cicig y los casos que seleccionaron, el MP llegó a ocupar el centro del espectáculo nacional. No poca gente llegó a situar a la fiscal general como el eje del combate de la corrupción. Imagen creciente de poder que necesitó para consolidarse y sacrificar el debido proceso y la presunción de inocencia, lo que implicó condenar públicamente a muchas personas sin necesidad de un juicio. La división fue profunda y la ambición política no tardó en aparecer. El país vivió años de polarización e incertidumbre jurídica, sin fortalecer el Estado de derecho.
