A contraluzGuatemala no necesita un jefe del MP aliado del gobierno, ni subordinado a intereses ideológicos.
La tarea de Gabriel García Luna al frente de la Fiscalía General será colosal. Consuelo Porras y su banda se dedicaron durante ocho años a socavar el Estado de derecho y a debilitar la investigación penal. A partir del 17 de mayo, cuando asuma el nuevo jefe del Ministerio Público (MP), tiene que haber un cambio de rumbo porque la actual estructura de impunidad persiguió a fiscales, jueces y magistrados por combatir la corrupción y, en cambio, protegió a los criminales.
Para muestra un botón: ayer, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), aún se atrevió a pedir una orden de captura contra Marco Livio Díaz, exjefe de la SAT, quien reveló la existencia de una red de 410 empresas que defraudaron más de Q300 millones. A Curruchiche jamás le interesó investigar esa estructura; ahora se va contra quien la denunció. Esta acción es un desafío contra García Luna. Es un intento de dejar casos amarrados de impunidad que afecten la credibilidad del nuevo funcionario.
Es claro que el reto más urgente es la depuración interna de la Fiscalía General. No basta con sustituir a Porras si permanecen intactas las redes de fiscales y operadores que durante años fabricaron expedientes contra adversarios y garantizaron la protección de personajes vinculados al saqueo del Estado. Debe ser investigado cada funcionario que utilizó el aparato judicial para perseguir a críticos y opositores, así como quienes encubrieron la corrupción. Sin una limpieza profunda, el MP seguirá siendo una institución devastada, aunque cambie el rostro de su dirección.
