El PSOE no gana para disgustos y sobresaltos. Apenas pasado día y medio desde que su candidata María Jesús Montero, exministra de Hacienda y exvicepresidenta del Gobierno, cosechara el peor resultado socialista en unas autonómicas andaluzas, el martes a primera hora saltó la noticia de que José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del ejecutivo entre el 2004 y el 2011, ha sido imputado por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Dicha imputación se relaciona con la investigación sobre un presunto caso de lavado de dinero procedente del rescate público de la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia, al que el gobierno español destinó un total de 53 millones de euros.El revuelo causado por esta información ha sido enorme. Es fácilmente comprensible: esta es la primera ocasión, desde la recuperación de la democracia, en la que se investiga a un expresidente del gobierno en una causa de corrupción. Además, Zapatero no es un político retirado de la escena pública. El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo considera un referente y un hombre deconfianza, al que ha encargado diversas misiones, entre otras la de mantener la vía de diálogo con Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat afincado en Bélgica, y con el que cuenta además en las campañas electorales, como se ha vuelto a comprobar en la andaluza.Los delitos con los que se le relaciona son ciertamente graves, y han sido usados de inmediato como nueva munición por los portavoces del PP, que ya han tratado a Zapatero como si fuera autor de delitos probados y sancionados. Durante la sesión de control de ayer en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo pidió la dimisión de Sánchez y abundó en la equiparación del Gobierno con algo parecido a una mafia. Sánchez le respondió recordándole actuaciones pasadas del PP poco edificantes y reiteró su confianza en Zapatero y también su voluntad de no anticipar las generales. Desde el Gobierno se admite que el auto contiene indicios, pero se insiste en que las pruebas brillan por su ausencia.La primera investigación por supuesta corrupción a un expresidente conmociona al PSOELas valoraciones políticas sobre este caso son una cosa y el recorrido judicial que vaya a tener la imputación de Zapatero es otra. Sería bueno no confundirlas. Entre otros motivos, porque todavía ignoramos cómo va a acabar el caso y porque es aconsejable respetar la presunción de inocencia. La justicia sigue su curso y sus ritmos, que son distintos de los del rifirrafe político. Contribuir a agitarlo puede parecerle beneficioso a alguna de las partes, pero no ayuda a mejorar la confianza de los ciudadanos en una justicia muy politizada.Naturalmente, es imprescindible llevar adelante la investigación hasta aclarar el caso, caiga quien caiga, incluido Zapatero si se probara que delinquió. De momento, sabemos que Plus Ultra, compañía aérea que operaba principalmente entre Venezuela y España, fue rescatada con dinero público, y que las justicias francesa y suiza reclamaron a la española investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.Tras esas investigaciones se detuvo a algunos directivos de la aerolínea. Y se supo que Zapatero podría haber participado en la creación de Análisis Relevante, una sociedad para la que, según indica el expresidente, realizó informes de consultoría, y a la que habría sugerido la contratación de una empresa de marketing de sus hijas. Zapatero ha admitido que por el total de servicios él y sus hijas cobraron cifras elevadas, añadiendo que tales devengos habían sido declarados a Hacienda.Los políticos deben dejar trabajar a la justicia y aprobar normas que regulen el lobbismoEn ocasiones, al dejar su cargo, los presidentes del gobierno, ya sean conser­vadores o socialistas, se emplean en el sector privado, que suele apreciar los contactos que acumularon en la esfera pública. Es de suponer que lo hacen porque desean complementar la pensión vitalicia de más de 6.000 euros mensuales que legalmente les corresponde. Pero, cuando toman tal decisión, es preciso que obren con la máxima prudencia para orillar posibles tentaciones y, así, evitar cualquier duda sobre su conducta. De lo contrario, pueden pisar suelo resbaladizo.No se ha acreditado aún el grado de implicación de Zapatero en esta trama. El instructor le sitúa al frente, pero la investigación judicial acaba de empezar. Conviene, pues, dejar trabajar a la justicia para que determine las responsabilidades reales, si las hubo, de cuantos están inmersos en el caso. Y, también, urgir al Gobierno para que acelere la tramitación de las normas legales en curso para regular el lobbismo, ámbito donde el vacío legal propicia casos como el que nos ocupa.