Las organizaciones sociales Derecho al Techo y Observatorio DESCA han presentado la primera demanda en España contra las llamadas políticas de "prioridad nacional" que están impulsando las derechas, en este caso, en materia de vivienda. La denuncia se ha presentado contra el Decreto 23/2026 del 9 de marzo, aprobado por el Gobierno autonómico, que establece nuevos criterios para acceder a una Vivienda de Promoción Pública (VPO). Ya se encuentra en manos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.PublicidadEntre las novedades del texto, a partir de ahora se deberán acreditar doce años de residencia continuada en el archipiélago o quince intermitentes. La norma, explican desde estas organizaciones, "excluye" a miles de extranjeros regularizados, a personas que ya han accedido a la nacionalidad española o a trabajadores que llevan años ejerciendo en el territorio."Entendemos que la Justicia tiene que actuar. Se está incumpliendo el derecho a la igualdad de trato y cualquier tratado internacional en materia de Derechos Humanos", defiende Diana Virgós, técnica de comunicación en el Observatorio. "Nos basamos, no sólo en el artículo 47 de la Constitución, sino el once del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales europeo, vinculante en España", apunta Sofía Olivares, portavoz de Derecho al Techo.Los argumentos jurídicos que sostienen la denuncia se basan en la "discriminación indirecta". En este sentido, los demandantes justifican que, "si bien no se explicita que se excluya a un colectivo en particular", el diseño de la medida afecta de forma desproporcionada a un grupo en concreto: las personas migrantes.El Decreto, que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el sistema de adjudicaciones, entró en vigor el siete de abril. Con él, Canarias se ha convertido en la primera región en exigir más de una década de residencia a los solicitantes de VPO. El consejero responsable del área, Pablo Rodríguez, aseguró en una rueda de prensa posterior a su aprobación que el nuevo procedimiento es "más justo, objetivo y transparente". Buscamos garantizar el arraigo y que la vivienda pública sea para los que aquí viven, para los canarios y las canarias que viven en el Archipiélago", reivindicaba.PublicidadLos demandantes denuncian que, con esta deriva, el Gobierno insular "está comprando el discurso de la prioridad nacional de PP y Vox". Para Olivares, la nueva baremación es "una cortina de humo" que busca "ocultar la falta de promociones accesibles": "Las administraciones no están construyendo ni recuperando vivienda suficiente y, al mismo tiempo, ponen más trabas para que parezca que no hay tanto desfase entre lo que hacen y lo que se necesita".La activista cree que el parque residencial de titularidad pública en Canarias es "muy escaso" y que, con los nuevos proyectos, apenas se podrá "reponer el que ya ha sido liberalizado" años atrás. Otro de los problemas que sufren es la falta de suelo público, ya que el terreno es limitado frente al aluvión de turistas y residentes. Según los últimos datos, más de 34.000 personas aspiran a conseguir una de estas promociones públicas. Detrás de esta cifra, unos alquileres disparados. De media, un piso de 80 metros cuadrados puede arrendarse en la región por unos 1.200 euros. "Somos una de las comunidades más pobres de toda España y también de las que tiene los alquileres más caros", lamenta.Unas exigencias que no cumplen ni los canariosDerecho al Techo y Observatorio Desca señalan que esta norma, que se ha ideado bajo la premisa de "los canarios primero" perjudican, incluso, a los propios locales. "No es solamente que se exija un período desorbitado de arraigo, es que hay que vivir o trabajar ininterrumpidamente durante cinco años en un municipio concreto", cuenta Virgós.PublicidadSegún la experta, a quienes más perjudica esta limitación es a los trabajadores del sector de la hostelería, que habitualmente se ven desplazados hacia los extrarradios - con precios más bajos- o tienen contratos por temporadas. La nueva ley permite a cada municipio "acoplar" un máximo de otros tres colindantes. "Solamente en la isla de Gran Canaria hay 21 localidades, por lo que se va a poder atender a una séptima parte de la población", afirma Olivares.Otro de los grupos sociales más afectados por estos criterios son los jóvenes canarios. "Nosotros habitualmente nos vemos obligados a estudiar en la Península o a ir unos años a trabajar allá. Toda esa gente va a tener aún más dificultades para acceder a las listas de espera", dice. Para los casos de canarios migrados el nuevo decreto reserva un 1% de las plazas.En esta misma línea, critican que se ponga trabas para entrar dentro de las listas de espera a las personas que tienen contratos de alquiler aún por caducar o a aquellas que han sido víctimas de un desahucio con anterioridad. Por último, las portavoces creen que los mínimos de renta establecidos en la nueva ley "dejan fuera a los más vulnerables". "Se podría haber incluído un sistema de cuotas, como el catalán, que reserva una parte de cada proyecto a las familias con menos recursos", concluye Virgós.Desde la entrada en vigor de este decreto, es un requisito obligatorio para entrar en las listas de solicitantes de VPO tener unos ingresos de entre 12.600 y 21.000 euros anuales, de acuerdo a la composición de la familia. Según datos del INE, al menos unos 68.144 hogares canarios no cumplirían este requisito por falta de ingresos.Frente a este modelo, las organizaciones denunciantes, con el apoyo de los Sindicatos de Vivienda de Lanzarote y Fuerteventura, apuestan por una "prioridad habitacional". Para ello, plantean una ampliación y blindaje del parque residencial ya existente, la declaración de zonas tensionadas, la imposición de impuestos a los pisos vacíos de bancos y fondos de inversión, o prohibir las viviendas de uso turístico.Un modelo que se expandeDesde el Observatorio DESCA subrayan que el modelo que impera en Canarias ya está en marcha en otras comunidades autónomas, como la de Madrid. En esta región se exigen diez años de empadronamiento para acceder a una VPO. Se reduce a cinco años cuando lo que se solicita es un alquiler social.En el caso de Baleares los años mínimos de arraigo son cinco, una cifra más cercana a la media nacional. Sin embargo, como en la mayoría de autonomías los municipios pueden modificar estos requisitos. En la localidad de Sóller su alcalde ha disparado el plazo hasta los 18 años, es decir, prácticamente hace falta haber nacido en uno de sus barrios para poder disfrutar de una de sus promociones.