Sánchez apuesta por incentivos fiscales y Díaz los rechaza. La Moncloa sostiene que es inconstitucional la congelación por decreto que exige el socio minoritario
Desde la formación del Gobierno de coalición a finales de 2019, la vivienda ha sido uno de los asuntos centrales de la disputa interna. Esta fue de las cuestiones centrales ya del 15M en 2011, del que acabó surgiendo Podemos y otros movimientos a la izquierda del PSOE ahora fraccionada entre Sumar y el partido de Ione Belarra. De nuevo, la vivienda coloca la coalición en un momento de tensión política importante, aunque Pedro Sánchez trató de restar hierro al asunto este lunes en La Moncloa y confió en poder resolverlo internamente. La discusión es política y casi la misma desde 2019 ―cómo intervenir el mercado de la vivienda, en especial el del alquiler― pero ahora también jurídica.
Ante la realidad de que 1,6 millones de personas se van a ver afectadas por los 630.000 contratos de alquiler que se tienen que renovar en este año, según los datos que dio Sánchez y que antes había planteado Sumar, el sector socialista apuesta por un incentivo a los propietarios de hasta el 100% de lo que pagan en el IRPF por esas rentas del alquiler para que no las suban y Sumar exige una intervención directa, vía decreto, para congelar esas subidas como se hizo en pandemia.
