Los socios discrepan en la fórmula jurídica, pero coinciden en el problema de fondo
La última polémica por la política de vivienda entre el PSOE y Sumar no es la típica pelea mediática dentro de la coalición que queda en nada. Esta cuestión es central para la izquierda española y europea, porque la crisis de la vivienda, tal como resumió la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, “se lleva por el sumidero toda la política social del Gobierno progresista”. El aumento del salario mínimo, la mejora de las becas, las ayudas, el aumento del empleo, todo queda diluido por el descomunal aumento de los precios de compra y alquiler de vivienda. Y ahora la coalición discute internamente una decisión clave: qué hacer con los 300.000 contratos de alquiler que se tienen que renovar en los próximos meses.
En las autonomías que aplican la ley de vivienda —300 municipios en Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y ahora se sumará Asturias ya han declarado zonas tensionadas— no hay problema, porque la propia norma contempla que el nuevo contrato, se cambie o no de inquilino, tiene que estar referenciado al anterior y no puede subir de forma desproporcionada. Eso impide que un propietario eche a los inquilinos antiguos de la vivienda y la alquile por un 30%, un 40% o un 50% más, algo habitual en las zonas tensionadas. Pero donde no se aplica la ley de vivienda, como la Comunidad de Madrid y la práctica totalidad del resto de las comunidades del PP, esta renovación de 300.000 alquileres puede suponer un golpe durísimo para todas esas familias, que podrían quedarse sin casa. Y ahí está la discusión interna en el Gobierno.
