El Gobierno de Cataluña muestra el necesario atrevimiento para intervenir en el principal problema de los españoles
Cataluña será la primera comunidad en atacar directamente la especulación sobre la vivienda. El Gobierno de Salvador Illa ha pactado con los comunes limitar las adquisiciones de pisos por parte de grandes y pequeños propietarios. Como regla general, empresas y particulares podrán hacerse con casas para fijar su domicilio y su segunda residencia. A partir de ahí, los grandes patrimonios podrán comprar edificios enteros, y los pequeños, entre dos y tres viviendas más. En todos los casos, estas deberán destinarse a alquiler habitual respetando los precios máximos fijados. La patronal catalana ha tildado la medida de “filocomunista”, mientras que el Sindicato de Inquilinos la ha criticado por considerar que debería haber ido más lejos.
El precio de la vivienda, que se ha más que duplicado desde 2014, está teniendo consecuencias dramáticas para la economía del día a día de la clase media española. Se come las subidas de sueldo, limita la movilidad, agranda las bolsas de precariedad y afecta a todos los gastos de las familias. La subida es tan pronunciada que los sueldos bajos no pueden ahorrar para comprar. Los que viven de alquiler son expulsados de su barrio en cuanto llega una renovación. Es el principal problema de los españoles, según el CIS.
