La iniciativa de Cataluña para frenar los arrendamientos de temporada responde a la urgencia de regular un mercado roto
Hace exactamente un año desde que el CIS identificó, en el Barómetro de diciembre de 2024, la vivienda como el asunto que más preocupa a los españoles. En octubre del año anterior ocupaba el puesto número 13. La ansiedad que revela este dato coincide con una escalada de precios tanto de compra como de alquiler que ha convertido la crisis de la vivienda en un problema social de primer orden que no ha encontrado una respuesta acorde en la política.
El de la vivienda asequible es un problema que se ha venido larvando en la última década y ha acabado por explotar. Desde 2016, los salarios han crecido en España alrededor de un 24%, mientras que los arrendamientos que se anuncian en los portales inmobiliarios lo han hecho, de media, un 92%. En esas condiciones acceder hoy a una vivienda digna es imposible para una parte muy importante de la población que no puede o no quiere comprar. Lo que antes era una opción habitacional interesante y financieramente sensata en muchas circunstancias de la vida, ya no lo es. No estamos ante una mala racha del mercado, sino ante una ruptura estructural entre vivienda y oportunidades vitales, de trabajo o de educación.
