El proyecto de la Generalitat de Cataluña para limitar la venta especulativa de pisos abre un controvertido debate sobre la medida y sus efectos
La vivienda se ha encaramado a lo más alto de las preocupaciones de los ciudadanos y no hay forma de bajarla: el mercado inmobiliario no da respiro y los precios no cesan en su empeño de seguir subiendo. En ese contexto, el Gobierno catalán se ha empeñado en intentar bajar la tensión del mercado generando nueva oferta residencial de protección oficial y probar con una medida que vaya en contr...
a de la compra especulativa, tal y como ocurre en Holanda con su conocido como modelo Ámsterdam. Esa última es una medida controvertida, de la que no hay un punto de certidumbre sobre su viabilidad jurídica ni sus resultados. La Generalitat ultima los informes en los que está trabajando para fijar su hoja de ruta, basada en condicionantes y fiscalidad.
Los juristas Pablo Feu, por un lado, y Joan Manuel Trayter e Irene Araguàs, por otro, confrontan sobre la legalidad de la medida.
Hoy, en la mayoría de ciudades de España, el mercado inmobiliario actúa rebasando los límites constitucionales y legales. Los de la Constitución porque especula con la vivienda cuando la utiliza como un activo financiero en su actividad económica, algo que no le permite hacer el artículo 47, que obliga a los poderes públicos a regular “la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Y porque el mercado inmobiliario no “subordina” el ejercicio de tal actividad a los intereses generales, como obliga el artículo 128 para “toda la riqueza del país en sus diversas formas, y sea cual sea la titularidad”, sino que son los intereses de todos los que quedan condicionados a la satisfacción preferente del interés del mercado inmobiliario.
