Los expertos recelan de poner coto a la inversión si el destino del piso es el arrendamiento
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, confesaba antes de dejar el cargo que su mayor arrepentimiento era no haberse encargado de pinchar la burbuja inmobiliaria. El Ejecutivo de Salvador Illa y sus socios Comuns parecen no querer pasar por esa penitencia. Y pese a que, como en la época de Zapatero, el sector cree que los precios no están hinchados, los dos partidos tratan de enfriar un mercado sobrecalentado por una demanda que se antoja infinita. Los expertos consultados por este diario advierten, sin embargo, del principal riesgo del pacto para poner coto a las llamadas “compras especulativas” de vivienda: que se lamine la oferta de pisos en alquiler.
La medida acordada por la Generalitat y Comuns para los municipios con una elevada demanda contempla, entre otras cosas, que los grandes propietarios no puedan hacerse con viviendas sueltas a no ser que sean su domicilio. Sí pueden adquirir un inmueble entero siempre que destinen todos sus pisos al alquiler habitual, pero dentro de los precios marcados por el Gobierno. Los particulares podrán adquirir para su uso particular —ya sea vivienda principal o segunda residencia— o bien para alquilar. Pero aun en ese caso hay una frontera: a partir del quinto piso serán considerados como un gran tenedor de inmuebles y, por lo tanto, no podrán acumular más patrimonio.
