Los trabajos entienden que acotar el uso residencial en zonas tensionadas y de forma temporal encaja en la Constitución y la legislación vigente
Los cuatro informes que encargó el Govern a expertos sobre la posibilidad de limitar las compras especulativas de vivienda en Cataluña avalan la idea de hacerlo de forma temporal y en zonas de mercado tenso. Entienden que la intervención pública en un mercado en el que hay diferentes condiciones de demanda (para vivir o para invertir), se ajusta a la legalidad vigente; que experiencias internacionales de regulación han reforzado la estabilidad residencial, y que la legislación catalana y urbanística apuntalan el uso residencial del suelo y la función social de la vivienda. Los autores son los juristas Carles Viver Pi-Sunyer, Fuensanta Alcalá y Pablo Feu, y el doctor en antropología económica Jaime Palomera. Feu, a petición del Plan Estratégico del Área Metropolitana de Barcelona, fue el primero en publicar en octubre pasado un estudio que afirmaba que prohibir las compras especulativas tiene encaje constitucional. Y es el único que propone y concreta recetas para regular desde el Gobierno, las comunidades o los ayuntamientos.
En medio de una crisis habitacional gigantesca, tras la presentación del informe de Feu, el president Salvador Illa anunció que estudiaría la propuesta, aunque pidió “realismo”. Y encargó los otros informes. En diciembre, la consejera Sílvia Paneque, que lleva la cartera de vivienda, matizó que no se trataba de “prohibir” las compras especulativas, sino de “controlarlas”, y explicó, sin detalles, que las recetas serán nueva fiscalidad y condicionar la compra al uso residencial. Tras semanas marcadas por los temporales y la crisis de Rodalies, el Govern ha publicado por fin este sábado los trabajos “sobre la protección del derecho a la vivienda habitual y permanente”.
