Un organismo vinculado al Área Metropolitana de Barcelona defiende la constitucionalidad de que solo se pueda comprar vivienda si es para vivir
La crisis de la vivienda es de tal calibre en España y alcanza a tantas capas de la población que, después de regular el precio del alquiler en algunas zonas, son muchas las voces, sobre todo entidades y partidos de izquierdas, que plantean limitar las compras de vivienda para evitar la especulación y expulsión de los vecinos de las ciudades. Para analizar su viabilidad, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB, vinculado al Área Metropolitana de Barcelona), que analiza los retos del área de Barcelona, ha encargado un estudio jurídico cuyo resultado avala la limitación de la compra de pisos solo para residencia habitual de los compradores.
El informe lo firma el jurista Pablo Feu y se apoya en el hecho de que el mercado inmobiliario no está garantizando impedir la especulación (como fija la Constitución en su artículo 47), ni vela por la cohesión social y evitar la dispersión (como indican regulaciones autonómicas o municipales). De ahí que, con el aval de las sentencias del Tribunal Constitucional a la intervención del mercado del alquiler, sugiera regular las compras como “medida urgente y excepcional, acotada a las zonas de mercado tenso y de manera limitada en el tiempo”. El estudio lo ha presentado la vicepresidenta del PEMB, Janet Sanz, de Barcelona en comú. A nivel político, en Barcelona, comunes y ERC piden esta regulación y han levantado la bandera de la llamada “fórmula Ámsterdam”, porque la ciudad holandesa ha aplicado un mecanismo con el mismo objetivo en varios de sus barrios. De hecho, el Ayuntamiento de la capital catalana tiene pendiente publicar un informe al respecto.
