La medida, que los partidos a la izquierda del PSC piden copiar, fue introducida en Países Bajos en 2022, pero faltan datos para valorar su utilidad
El 1 de enero de 2022 entró en vigor en Países Bajos la Ley de Protección Contra la Compra, que pretende frenar la especulación de los inversores inmobiliarios introduciendo en algunos barrios la condición de que el propietario resida en el domicilio durante los cuatro primeros años. La aplicación de la norma corresponde a cada ciudad y en abril de 2022 entró en vigor en Ámsterdam la Ordenanza municipal de Vivienda con ese objetivo. La medida se aplica sobre todo en otras grandes ciudades del país, como Róterdam, Utrecht o La Haya, pero ha captado también atención fuera de las fronteras del país. En Cataluña, la primera comunidad de España que aplicó el tope en los precios del alquiler previsto en la ley estatal de vivienda de 2023, se ha abierto un intenso debate sobre la idoneidad de introducir en España el llamado modelo Ámsterdam y evitar así que compren viviendas quienes tienen la inversión como principal finalidad.
Mientras los ojos de los movimientos provivienda de España miran hacia las ciudades holandesas, la ley antiespeculación todavía no ha provocado efectos claros. En Cataluña, una comisión de la Generalitat con la participación de Comuns, uno de los socios de Salvador Illa, ha empezado recientemente a estudiar la viabilidad jurídica de la prohibición. En Países Bajos, la falta de casas sigue siendo uno de los grandes problemas del país, que tiene 18 millones de habitantes. El portal digital del Gobierno cifra en 900.000 las viviendas que se pretenden construir hasta 2030. La escasez deriva de varios factores: el aumento de la población, que no se haya construido mucho desde la crisis financiera de 2008, y que el tamaño medio del hogar ha disminuido. Donde solía haber cuatro personas ahora viven una o dos, con lo que se necesitan más casas.
