Los juristas creen que el fallo que avaló el límite del 2% fijado por el Gobierno en 2022 sienta un precedente para que las Administraciones adopten más medidas extraordinarias
España vive una gran crisis de acceso a la vivienda, con precios disparados y miles de hogares en riesgo de perder la posibilidad de sufragar la compra o el alquiler. Ante este escenario, dentro del Gobierno conviven dos visiones sobre cómo afrontar el problema: una apuesta por una mayor intervención pública y otra por soluciones más orientadas al mercado. Aunque el debate está lejos de zanjarse, la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala el límite del 2% en las subidas de los alquileres impuesto por el Gobierno en 2022 abre una vía más favorable a que se tomen medidas extraordinarias de intervención en ese mercado.
El fallo, conocido este martes, establece que la medida adoptada por el Ejecutivo a fin de paliar los efectos adversos de la crisis inflacionaria no vulnera el derecho a la propiedad privada cuando se orienta a proteger otro derecho constitucional como el acceso a la vivienda y se apoya en la función social de la propiedad. Una interpretación que, a juicio de buena parte de los analistas jurídicos consultados y el Ministerio de Consumo, no solo legitima lo ya hecho, sino que abre un campo de actuación más amplio para futuras medidas de regulación directa del mercado, siempre que sean proporcionadas y justificadas por un contexto de emergencia habitacional.
