El entorno mediático de la Moncloa fue explícito el domingo: fuera cual fuese el resultado de las elecciones autonómicas andaluzas, Pedro Sánchez mantendría su hoja de ruta: continuar en el poder, aunque se trate de un poder degradado. Ayer, su partido y su candidata, la que encarnaba el más reconocible rostro del régimen sanchista, cosecharon un fracaso no por previsto menos catastrófico: perforó el suelo electoral socialista en Andalucía que Juan Espadas situó en 2022 en 30 escaños. María Jesús Montero ni siquiera igualó aquella marca escuálida y cayó a los 28 sobre un parlamento autonómico de 109 actas. Un fracaso que carece de paliativo alguno porque la izquierda radical que se enroló en Por Andalucía (socios del Gobierno de coalición y parlamentarios) ha mantenido su representación (cinco escaños) y ha sido Adelante Andalucía (una izquierda radical territorial de las características de otras regionales en Aragón o Valencia) la que saltó de dos a ocho escaños. Tampoco es coartada para Ferraz, más allá del manejo de los trujimanes de argumentario, que el PP no haya revalidado la mayoría absoluta tras unas expectativas demoscópicas que se la otorgaban con una largueza que reclama una urgente revisión de la metodología de esa ciencia social que dice medir las tendencias de voto y de otra naturaleza. El golpe psicológico para los populares es mucho más contundente que el numérico, pero es al fin golpe, porrazo o decepción. Dicho ha quedado aquí que la ‘prioridad nacional’ al modo de lo pactado en Mérida o Zaragoza tenía recorrido en amplios sectores sociales. La derecha moderada (que encarna como nadie Moreno Bonilla) ha de asumir que, hasta allí, hasta Andalucía, donde ha predicado y practicado la templanza ideológica y gestora, ha llegado la marea de los bloques que normaliza el entendimiento entre el PP y Vox como en Extremadura, Aragón, pronto Castilla y León, y antes, en la Comunidad Valenciana. Pero, además, la derecha (s) ha de ser consciente de que el panorama perdedor absoluto de Pedro Sánchez le obliga a lanzarse a la desesperada. El sanchismo no gana elecciones (las pierde), sus candidatos se presentan estigmatizados (Gallardo, Alegría, Montero), los avatares corruptos del PSOE alcanzan cotas insoportables, el calendario judicial es aplastante (próxima sentencia del caso Ábalos-Koldo, juicio a David Sánchez, banquillo probable para Begoña Gómez, estallido del que será caso Zapatero, investigación penal por posible financiación ilegal del partido, caso hidrocarburos, caso Leire…) y la situación económica tiende claramente a deteriorarse. Sánchez marca la impronta de sus decisiones con un sesgo vengativo, rencoroso. Desde el año 2023 hasta el momento, ha desactivado el sistema constitucional mediante los pactos de investidura, la amnistía a los sediciosos del golpe de 2017 en Cataluña, la colonización de las instituciones (en particular, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional), la arbitrariedad inédita de un Estado de derecho tres años sin Presupuestos Generales, la práctica desaparición de la iniciativa legislativa gubernamental mediante proyectos de ley para abusar impunemente de los decretos ley, el bloqueo absoluto del Senado, la destrucción del modelo autonómico y, por último, aunque no lo último, el ninguneo a la persona del Rey y a la institución de la Corona. Pese a la neutralización de los mecanismos reguladores del sistema constitucional, Pedro Sánchez sigue perdiendo elecciones (solo ganó las dos generales de 2019 y el PSC le brindó una victoria en 2024 que paga caro en Cataluña) y, así, vaciando de organicidad un PSOE inerte y sedado por el colaboracionismo de los ministros que, además, son candidatos, secretarios generales de las agrupaciones, portavoces de todo y de todos, ha llegado al borde del abismo. Se impone, por lo tanto, ejecutar con presteza la segunda parte de su plan: patear el tablero del ‘régimen de 1978’, y reclamar con una oferta programática rupturista un proceso constituyente que revise los dos pilares de la Constitución: pasar del modelo autonómico al confederal (para Cataluña, País Vasco y Navarra) y poner en cuestión la forma monárquica del Estado, considerada como un residuo tóxico del franquismo. En otras palabras: plurinacionalidad confederativa y república presidencialista. "La única salida del socialismo español es la ruptura" le espetó el 18 de noviembre el huido Puigdemont desde la tronera del diario El País. Y Sánchez está convencido, tanto por lo que hace como por lo que dice y por lo que calla, de que el expresidente de la Generalitat tiene toda la razón. El mapa electoral desde 2023 (generales, autonómicas, municipales, europeas) le remite un mensaje permanente y nítido: la ruptura mediante una formulación directa al cuerpo electoral que aglutine a las izquierdas y a los nacionalismos y secesionismos porque no es suficiente el antifranquismo conmemorativo, la inoculación del temor a la ultraderecha, el progresismo dialéctico, el antitrumpismo, el ‘no a la guerra’, el ‘free Palestina’, ni el control férreo de RTVE y la subordinación de determinados sectores mediáticos. Es muy posible que, como viene ocurriendo desde que lidera al modo autócrata el PSOE y ejerce el poder de un sistema parlamentario al que ha traicionado perdiendo su legitimidad de ejercicio, la mayoría de los ciudadanos, quizás sin haber leído el prólogo de ‘A sangre y fuego’ de Chaves Nogales pero anidando en el subconsciente colectivo la proscripción de "la estupidez y la crueldad en España", reafirmen el sistema constitucional de 1978. Porque, a fin de cuentas, en este país está a flor de piel aquello que alegó desde el espacio La Voz de Londres el 26 de abril de 1943 el republicano José Castillejo, un tercerista como Chaves Nogales: "Las democracias suelen morir de embriaguez de mando". El entorno mediático de la Moncloa fue explícito el domingo: fuera cual fuese el resultado de las elecciones autonómicas andaluzas, Pedro Sánchez mantendría su hoja de ruta: continuar en el poder, aunque se trate de un poder degradado. Ayer, su partido y su candidata, la que encarnaba el más reconocible rostro del régimen sanchista, cosecharon un fracaso no por previsto menos catastrófico: perforó el suelo electoral socialista en Andalucía que Juan Espadas situó en 2022 en 30 escaños. María Jesús Montero ni siquiera igualó aquella marca escuálida y cayó a los 28 sobre un parlamento autonómico de 109 actas.