Las recientes tensiones entre Estados Unidos, México y Argentina, en torno a solicitudes de extradición, revelan mucho más que simples procedimientos judiciales: ponen al descubierto una compleja red de intereses geopolíticos, dobles estándares y afinidades ideológicas donde la categoría de “delincuente” parece depender menos de la legalidad que de la utilidad política y económica de los acusados. La acusación impulsada desde Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se inserta en una larga tradición estadounidense de utilizar el combate al narcotráfico y la corrupción como herramientas de presión política selectiva sobre gobiernos latinoamericanos. Aunque las imputaciones puedan involucrar conductas graves – que para nada queremos minimizar, particularmente cuando se trata de prácticas que remiten a redes de poder, posibles actos de corrupción o incluso conductas propias de la delincuencia organizada-, resulta imposible desligarlas del contexto de subordinación regional en el que Washington ha convertido la justicia extraterritorial en un instrumento de disciplinamiento. El contraste con la actitud del gobierno argentino encabezado por Javier Milei frente al contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna exhibe otra dimensión del problema. Acusado por la Fiscalía General de la República de encabezar una red de huachicol fiscal, vinculada al contrabando de hidrocarburos, así como de prácticas claras de evasión fiscal, fue detenido en Buenos Aires con documentación falsa (pasaporte guatemalteco) y con una ficha roja de Interpol, Farías Laguna pudo haber sido deportado de manera expedita. No obstante, el gobierno argentino rechazó esa vía, abrió un proceso de extradición más prolongado y permitió incluso la solicitud de asilo político. La pregunta resulta inevitable: ¿por qué un gobierno que se presenta como adalid del orden y la libertad muestra cautela ante un personaje acusado de delincuencia organizada y fraude fiscal? Parte de la respuesta se encuentra en la propia matriz discursiva de Milei. En el Foro Llao Llao de 2024, el presidente argentino fue explícito, repitiendo un mensaje de más larga data en él: quien logra escapar de las “garras del Estado” no es un delincuente, sino un héroe. La frase no es retórica aislada, sino núcleo doctrinario: para Milei, el Estado es una estructura coercitiva y los impuestos constituyen un despojo. De ahí que la evasión fiscal deje de ser delito para convertirse en acto de legítima defensa (el empresario con mayor riqueza en Argentina, M. Galperin, reside en Uruguay, desde 2019, como estrategia para evadir impuestos). Esta lógica alcanza su expresión más polémica en su reivindicación de Al Capone. Milei ha señalado, en sintonía con esa visión, que Capone “no es un delincuente” y que era “un benefactor social”, que simplemente “daba a la gente lo que quería”. Incluso ha retomado la idea atribuida al propio mafioso: “Soy solo un hombre de negocios, dando a la gente lo que quiere”. Bajo este enfoque, la criminalidad queda subordinada a la lógica de mercado: si existe demanda, su satisfacción tiende a justificarse, incluso al margen de la ley. Pero la historia real de Capone desmiente esa visión de telenovela mexicana (excesivamente edulcorada). Su imperio se sostuvo en violencia sistemática, extorsión y asesinatos, y dejó una estela de terror en el Chicago de los años veinte. La paradoja es conocida: fue condenado por evasión fiscal, no por sus crímenes más graves. En la narrativa mileísta, esa condena refuerza su argumento: el Estado castiga no tanto la violencia, sino la insubordinación fiscal. Más todavía, dice Milei: “Si tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos. La mafia cumple. La mafia no miente. Y sobre todas las cosas, la mafia compite”. ¡Que viva el mercado, aunque haya muertos!, apuntamos nosotros. En paralelo, la afinidad política con Donald Trump aparece sin matices. En días recientes, Milei afirmó: “La calidad de vida de Argentina, gracias a Trump, mejoró enormemente” (Milei, en el canal de streaming Neura, 14 de mayo 2026). La frase no sólo implica una lectura discutible de los procesos económicos globales, sino que evidencia una alineación ideológica con un proyecto político que privilegia la desregulación, el poder corporativo y la centralidad de Estados Unidos en el orden hemisférico. Al poner en relación estos elementos, emerge una tensión difícil de ignorar. Mientras Washington impulsa acciones judiciales contra figuras mexicanas como Rocha Moya -en un contexto donde, cabe insistir, las conductas imputadas pueden implicar prácticas graves y reprochables-, el gobierno argentino adopta una postura más ambigua frente a un acusado de redes de contrabando fiscal. La diferencia no radica necesariamente en la gravedad de los hechos, sino en la forma en que estos se inscriben en narrativas políticas e ideológicas. Así, el evasor puede ser héroe o criminal según el prisma desde el cual se le observe. Si su conducta se alinea con una crítica radical al Estado y con la lógica del mercado, puede ser reivindicado. Si, en cambio, se convierte en pieza incómoda dentro del tablero geopolítico, su persecución adquiere legitimidad internacional. En este punto, la exaltación de Capone, la defensa del evasor y la admiración por Trump dejan de ser anécdotas discursivas y se convierten en claves interpretativas. Lo que se configura es una moral selectiva donde la ilegalidad no se condena por su naturaleza, sino por su funcionalidad. Más aún, en el contexto actual, la postura del gobierno de Milei puede leerse como algo más que una simple decisión jurídica: aparece como un gesto de alineamiento político. La negativa a una deportación expedita y la apertura de un proceso que dilata la resolución del caso Farías Laguna se inscriben en una lógica de condescendencia con la agenda estadounidense, donde Argentina opera como una suerte de bisagra regional. En otras palabras, mientras se enarbola un discurso de libertad económica que relativiza la evasión y romantiza figuras como Capone, se despliega simultáneamente una política exterior que lejos de cuestionar la injerencia de Washington, la acompaña y la potencia. En ese juego, la presión sobre México se refuerza indirectamente. Al final, detrás de extradiciones, discursos y alineamientos, lo que se pone en evidencia es una estructura de poder donde la justicia se subordina a la política y donde la figura del delincuente se redefine según convenga. Y en ese escenario, la pleitesía hacia Trump no sólo es ideológica, también es funcional a una estrategia de presión que encuentra en gobiernos afines, como el de Milei, un engranaje dispuesto a operar en sintonía. (Profesor UAM) alexpinosa@hotmail.com PS. Palestina libre. Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Ladrón que roba a ladrón: extradiciones, evasores y moral selectiva en Trump, Milei y la geopolítica del crimen selectivo, escribe Alejandro Espinosa Yáñez
Las recientes tensiones entre Estados Unidos, México y Argentina, en torno a solicitudes de extradición, revelan mucho más que simples procedimientos judiciales: ponen al descubierto una compleja red de intereses geopolíticos, dobles estándares y afinidades ideológicas donde la categoría de “delincuente” parece depender menos de la legalidad que de la utilidad política y económica de los acusados. La acusación impulsada desde Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se inserta en una larga tradición estadounidense de utilizar el combate al narcotráfico y la corrupción como herramientas de presión política selectiva sobre gobiernos latinoamericanos. Aunque las imputaciones puedan involucrar conductas graves – que para nada queremos minimizar, particularmente cuando se trata de prácticas que remiten a redes de poder, posibles actos de corrupción o incluso conductas propias de la delincuencia organizada-, resulta imposible desligarlas del contexto de subordinación regional en el que Washington ha convertido la justicia extraterritorial en un instrumento de disciplinamiento. El contraste con la actitud del gobierno argentino encabezado por Javier Milei frente al contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna exhibe otra dimensión del problema. Acusado por la Fiscalía General de la República de encabezar una red de huachicol fiscal, vinculada al contrabando de hidrocarburos, así como de prácticas claras de evasión fiscal, fue detenido en Buenos Aires con documentación falsa (pasaporte guatemalteco) y con una ficha roja de Interpol, Farías Laguna pudo haber sido deportado de manera expedita. No obstante, el gobierno argentino rechazó esa vía, abrió un proceso de extradición más prolongado y permitió incluso la solicitud de asilo político. La pregunta resulta inevitable: ¿por qué un gobierno que se presenta como adalid del orden y la libertad muestra cautela ante un personaje acusado de delincuencia organizada y fraude fiscal? Parte de la respuesta se encuentra en la propia matriz discursiva de Milei. En el Foro Llao Llao de 2024, el presidente argentino fue explícito, repitiendo un mensaje de más larga data en él: quien logra escapar de las “garras del Estado” no es un delincuente, sino un héroe. La frase no es retórica aislada, sino núcleo doctrinario: para Milei, el Estado es una estructura coercitiva y los impuestos constituyen un despojo. De ahí que la evasión fiscal deje de ser delito para convertirse en acto de legítima defensa (el empresario con mayor riqueza en Argentina, M. Galperin, reside en Uruguay, desde 2019, como estrategia para evadir impuestos). Esta lógica alcanza su expresión más polémica en su reivindicación de Al Capone. Milei ha señalado, en sintonía con esa visión, que Capone “no es un delincuente” y que era “un benefactor social”, que simplemente “daba a la gente lo que quería”. Incluso ha retomado la idea atribuida al propio mafioso: “Soy solo un hombre de negocios, dando a la gente lo que quiere”. Bajo este enfoque, la criminalidad queda subordinada a la lógica de mercado: si existe demanda, su satisfacción tiende a justificarse, incluso al margen de la ley. Pero la historia real de Capone desmiente esa visión de telenovela mexicana (excesivamente edulcorada). Su imperio se sostuvo en violencia sistemática, extorsión y asesinatos, y dejó una estela de terror en el Chicago de los años veinte. La paradoja es conocida: fue condenado por evasión fiscal, no por sus crímenes más graves. En la narrativa mileísta, esa condena refuerza su argumento: el Estado castiga no tanto la violencia, sino la insubordinación fiscal. Más todavía, dice Milei: “Si tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos. La mafia cumple. La mafia no miente. Y sobre todas las cosas, la mafia compite”. ¡Que viva el mercado, aunque haya muertos!, apuntamos nosotros. En paralelo, la afinidad política con Donald Trump aparece sin matices. En días recientes, Milei afirmó: “La calidad de vida de Argentina, gracias a Trump, mejoró enormemente” (Milei, en el canal de streaming Neura, 14 de mayo 2026). La frase no sólo implica una lectura discutible de los procesos económicos globales, sino que evidencia una alineación ideológica con un proyecto político que privilegia la desregulación, el poder corporativo y la centralidad de Estados Unidos en el orden hemisférico. Al poner en relación estos elementos, emerge una tensión difícil de ignorar. Mientras Washington impulsa acciones judiciales contra figuras mexicanas como Rocha Moya -en un contexto donde, cabe insistir, las conductas imputadas pueden implicar prácticas graves y reprochables-, el gobierno argentino adopta una postura más ambigua frente a un acusado de redes de contrabando fiscal. La diferencia no radica necesariamente en la gravedad de los hechos, sino en la forma en que estos se inscriben en narrativas políticas e ideológicas. Así, el evasor puede ser héroe o criminal según el prisma desde el cual se le observe. Si su conducta se alinea con una crítica radical al Estado y con la lógica del mercado, puede ser reivindicado. Si, en cambio, se convierte en pieza incómoda dentro del tablero geopolítico, su persecución adquiere legitimidad internacional. En este punto, la exaltación de Capone, la defensa del evasor y la admiración por Trump dejan de ser anécdotas discursivas y se convierten en claves interpretativas. Lo que se configura es una moral selectiva donde la ilegalidad no se condena por su naturaleza, sino por su funcionalidad. Más aún, en el contexto actual, la postura del gobierno de Milei puede leerse como algo más que una simple decisión jurídica: aparece como un gesto de alineamiento político. La negativa a una deportación expedita y la apertura de un proceso que dilata la resolución del caso Farías Laguna se inscriben en una lógica de condescendencia con la agenda estadounidense, donde Argentina opera como una suerte de bisagra regional. En otras palabras, mientras se enarbola un discurso de libertad económica que relativiza la evasión y romantiza figuras como Capone, se despliega simultáneamente una política exterior que lejos de cuestionar la injerencia de Washington, la acompaña y la potencia. En ese juego, la presión sobre México se refuerza indirectamente. Al final, detrás de extradiciones, discursos y alineamientos, lo que se pone en evidencia es una estructura de poder donde la justicia se subordina a la política y donde la figura del delincuente se redefine según convenga. Y en ese escenario, la pleitesía hacia Trump no sólo es ideológica, también es funcional a una estrategia de presión que encuentra en gobiernos afines, como el de Milei, un engranaje dispuesto a operar en sintonía. (Profesor UAM) alexpinosa@hotmail.com PS. Palestina libre. Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
