Un estudio técnico presentado ante la Justicia por el Ministerio de Salud denuncia “desvíos críticos y sobreprecios” en las facturas presentadas y pagadas a seis empresas proveedoras de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El monto de todos los contratos analizados por el propio Gobierno en 505 expedientes –según el análisis al que pudo acceder PERFIL– es de $ 18 mil millones (en concreto, son $ 18.368.585.604). Solamente dos de esos expedientes presentarían, según ese documento, diferencias de precios por más de $ 652 millones, lo que equivale a casi 1.900 pensiones por discapacidad (hoy en $ 345 mil). Esos montos adicionales fueron pagados a la empresa Farma Salud S.R.L., que de acuerdo con la cartera que dirige Mario Lugones presentó facturas por $ 11 mil millones.
Las compras corresponden a sistemas de válvulas bicaval transcatéter, con un presupuesto superior en $ 300,8 millones a lo que PAMI había pagado a otras empresas por el mismo producto; e insumos médicos implantables, por los que Andis pagó $ 351,2 millones más que el valor que Salud estimó era el de mercado.
Mientras esto ocurría, el por entonces vocero presidencial (y hoy jefe de Gabinete), Manuel Adorni, mostraba una radiografía de un perro para intentar probar que existían grandes irregularidades en la adjudicación de pensiones por discapacidad, algo que, afirmaba, comprometía el presupuesto y el equilibrio fiscal. Luego se comprobó que la persona que había presentado esa documentación no había sido admitida y por lo tanto jamás llegó a cobrar ese ingreso. Por otro lado, el Gobierno continuó acusando a los beneficiarios de estafar al Estado y, de hecho, presentó ante el Congreso un proyecto de ley titulado “Contra el fraude de las pensiones por invalidez”.
