Audita Sanidad, una asociación que investiga la gestión de la sanidad pública, ha presentado una denuncia por prevaricación administrativa contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por haberle negado información sobre una serie de contratos menores adjudicados por los hospitales a su cargo, desobedeciendo una resolución del Consejo de Transparencia autonómico.PublicidadEs más, Audita resalta que la negativa de la Consejería de Sanidad revela una "obstrucción continuada" a la transparencia por parte del Gobierno madrileño y una "voluntad deliberada" de incumplir sus obligaciones de transparencia mediante una resolución "injusta" y dictada "con la única finalidad de imponer la voluntad de la Administración por encima de la ley".La denuncia se formula contra el director de Gestión Económico-Financiera, José Nieves González, que también es consejero delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. La información que Sanidad denegó a Audita fue solicitada por la asociación en enero de 2025 a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Audita lleva años denunciando el abuso que los hospitales públicos madrileños hacen de los contratos menores, aquellos cuyo importe es inferior a 15.000 euros (sin IVA) si son de suministro o de servicios, o inferior a 40.000 euros (sin IVA) si son de obra. Por debajo de esos umbrales, los contratos no necesitan salir a licitación; es decir, se adjudican a dedo. También son mucho menores los requisitos de publicidad que la ley les impone, por lo que se pierde transparencia. Además, no hay concurrencia que rebaje el precio de adjudicación. Pero resultan muy tentadores para las administraciones, que ganan en agilidad reduciendo y acelerando los procedimientos. Por ese motivo, se firman cientos de miles al año. Y los hospitales son especialmente aficionados a ellos, apoyándose en las particulares características de su actividad y en la urgencia que requiere la atención a los pacientes.Informes justificativosAudita pidió a Sanidad una copia del informe de necesidad de una serie de contratos menores adjudicados en 2019 por el Hospital de La Princesa, Puerta de Hierro, Ramón y Cajal y Príncipe de Asturias a Medtronic, uno de los mayores suministradores de tecnología y sistemas médicos del mundo. La ley obliga a los órganos de contratación a elaborar un informe donde justifiquen por qué recurren a un tipo de adjudicación que, en principio, debería ser excepcional. También solicitó las correspondientes facturas. Audita ha analizado centenares de estos contratos y, en muchos de ellos, ha descubierto que se incurre en su fraccionamiento: un suministro, servicio u obra se trocea para rebajar artificialmente el umbral que permite adjudicarlos sin concurso. Lo que constituye no sólo una mala práctica administrativa con un enorme sobrecoste, sino también un fraude de ley.PublicidadLa Consejería de Sanidad no contestó a la solicitud en el plazo que establece la ley –un mes, prorrogable a dos si la respuesta es compleja–, por lo que la asociación consideró que había sido desestimada por silencio administrativo y presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia.Este órgano resolvió en diciembre de 2025 reconociendo el derecho de Audita a la información que pedía, referida a un total de 419 contratos menores repartidos entre los cuatro hospitales antes mencionados. Pero la Consejería de Sanidad no facilitó ni a Audita ni al Consejo la información que se le había solicitado. Por el contrario, el 5 de marzo de este año, más de un año después de la petición de Audita y "haciendo caso omiso de la resolución firme y ejecutiva del Consejo de Transparencia", el director general de Gestión Económico-Financiera respondió a la asociación denegando el acceso a la información solicitada. La razón que aducía era que ésta tenía "un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la ley"."Pretexto" para denegar la solicitudSin embargo, esgrime ahora Audita en su denuncia, Sanidad ha desobedecido "frontalmente" lo ordenado por el Consejo de Transparencia y "utiliza como pretexto una causa de inadmisión –el carácter abusivo de la solicitud–, que ya había sido descartada implícitamente" por el órgano citado "al estimar la reclamación" de la asociación y ordenar la entrega de la documentación. PublicidadA juicio de Audita, con su negativa, la consejería intenta no sólo "evadir la acción fiscalizadora ciudadana" y "neutralizar el efecto pretendido por la Ley de Transparencia", sino también "ocultar" la inexistencia de los informes justificativos de los contratos menores solicitados. Y eso, resalta, supone incurrir en una "irregularidad muy grave contraria a los principios básicos de la contabilidad pública".Además, la denuncia argumenta que la denegación de Sanidad es "arbitraria" porque "ignora y contraviene de forma deliberada" la resolución "previa, firme y ejecutiva" del Consejo de Transparencia. Como también es vinculante, "dictar un acto posterior de contenido diametralmente opuesto supone una quiebra flagrante del principio de legalidad y de la jerarquía normativa", advierte Audita.También critica la asociación lo que tacha de "pretexto" de la consejería para no facilitar los informes de necesidad: que "paralizaría la gestión del trabajo" por su "carácter abusivo". De hecho, recuerda que el Consejo de Transparencia consideró procedente el acceso a esos documentos."Acto jurídico prevaricador"Finalmente, Audita considera que semejante argumento no pretende proteger el interés público –que no se paralice una unidad administrativa–, sino "impedir el ejercicio de un derecho fundamental de la ciudadanía" e incluso "ocultar una práctica prohibida por la ley": adjudicar un contrato menor sin el preceptivo informe de necesidad.La resolución del director general, por tanto, constituye un "acto jurídico prevaricador", porque fue dictada "con pleno conocimiento de su ilegalidad y arbitrariedad" –fue debidamente notificado por el Consejo de Transparencia– y porque pretende "retrotraer de forma artificial todo el procedimiento como si no hubiera existido la reclamación ante el Consejo".Audita empezó en 2019 a enviar a la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas del Estado, la Cámara de Cuentas madrileña, el Defensor del Pueblo y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) informes sobre los contratos menores adjudicados por los hospitales madrileños cada año. Sus análisis abarcan desde 2016, cuando la Ley de Transparencia aprobada ese año obligó a las administraciones a publicar trimestralmente los contratos menores en los portales de transparencia. Sin embargo, la respuesta de todos los órganos apelados por Audita a lo largo de siete años ha sido eludir su competencia o directamente archivar las denuncias. Ninguno de ellos ha abierto hasta el día de hoy una sola investigación sobre el abuso sistemático que se realiza en los hospitales madrileños de los contratos menores. Tampoco sobre su fraccionamiento.