El gobierno de la Comunidad de Madrid se prepara para abrir una batalla legal contra el cártel de empresas sancionado en 2016 con 128 millones de euros por Competencia por pactar los precios de los pañales para adultos que le vendía a la sanidad pública. Así consta en documentación consultada por EL PAÍS en la que se detalla el interés de la administración por contratar a un grupo de peritos que auditen los 615 millones de euros gastados en comprar material a 19 empresas ...
durante el periodo 2001-2023. Aunque la cifra del agujero financiero aún no se conoce, la Comunidad de Madrid entiende que el caso tiene “gran impacto económico”. Como ella, una docena larga de regiones buscará ser indemnizadas en los tribunales, donde Cataluña, por ejemplo, ya reclama 526 millones. Y Madrid, que como poco pedirá 73 millones, no quiere quedarse atrás: pretende que los peritos terminen su informe seis meses después de ser contratados, y que lo defiendan ante la justicia bajo las directrices de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
“Se trata de productos de consumo sanitario”, resume un portavoz del gobierno regional, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP). “La Comunidad de Madrid con esto exclusivamente lo que está haciendo es reclamar de manera legítima los intereses económicos de todos los madrileños”.
