La Fiscalía de Cádiz ha denunciado esta semana en los juzgados, tras un año y medio de investigación, el menoscabo económico de unos 300.000 euros por facturas falsas y trabajos no prestados en el servicio de transporte escolar gestionado por la Agencia Pública Andaluza de Educación (Apae) del Gobierno autonómico (PP). El ministerio público incrimina a varios empleados de la agencia pública y empresarios por malversación, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento mercantil, según fuentes de la Fiscalía.
La investigación surgió tras una denuncia de la Intervención General de la Junta, que en paralelo ha detectado irregularidades contables en el Parque de las Ciencias de Granada. Aunque la Fiscalía no vio delito en la gestión de este museo público, el Gobierno andaluz sí asumió un daño al erario y ahora reclama 120.000 euros a tres exresponsables del museo granadino. En paralelo, la Intervención también ha alertado a la Oficina Andaluza Antifraude tras detectar daños económicos en los controles económico-financieros que peinan las cuentas de estos organismos: la agencia agraria y pesquera Agapa, el Consorcio Fernando de los Ríos y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
