La decena de directores de centros educativos que han declarado en los últimos meses en la instrucción del caso FP que salpica al gobierno de Isabel Díaz Ayuso han corroborado que el sistema de trocear facturas para elegir a dedo qué empresa hacía sus reformas se aplicó en múltiples centros. Así lo trasladan dos fuentes jurídicas conocedoras de una investigación por prevaricación administrativa limitada al periodo 2021-2023 y por la que están imputados, entre otros, José María Rodríguez, exdirector general de Educación Secundaria, FP y Régimen Especial; Alfonso Mateos, exsubdirector de FP, o Gabriel Navarro, el empresario supuestamente beneficiado. De hecho, este martes han declarado en sede judicial los directores de tres centros que, según una fuente presente, han venido a coincidir en sus argumentos y los de sus predecesores: no sabían que estaban fraccionando contratos, ya que no son especialistas en administración, pero a la luz de las conclusiones de las auditorías de la Intervención autonómica, han entendido que eso fue lo que hicieron. “Lo han reconocido todos, uno detrás de otro”, resume una fuente conocedora de las declaraciones. “Han dicho que pensaban que eran contratos independientes, que pensaban que no estaban fraccionando contratos”, añade sobre el uso de contratos menores (hasta 40.000 euros en obras) para poder elegir a la empresa reformista y evitar así los concursos públicos que exigían obras de esa millonaria envergadura (suman un mínimo de más de tres millones). “Que no tenían formación. Y que lo han sabido a raíz de la auditoría. Y que no se han beneficiado en nada”. Las declaraciones de este martes, según esta fuente, coincidirían con la del propio empresario investigado, Gabriel Navarro (que en su declaración de 2025 detalló una veintena de centros reformados con la misma operativa), así como con las de otros directores, a las que tuvo acceso EL PAÍS. Entre todas ellas, una causó sorpresa entre los presentes por la claridad con la que reconoció una gestión irregular. Nadie, relata una fuente, daba crédito a lo que escuchaba. —¿Usted no sabe que no pueden decidir la ejecución de obras por importe de 220.000 euros? —, le preguntaron a este director.-En ese momento no lo sabíamos. -Se adoptó la decisión de fragmentar. Baños por un lado, aulas por otro...-Claro (...) la única empresa que nos daba la garantía de hacer aquello en verano era Virelec. -¿Entendían que era mejor hacerlo por trocitos, más barato?-No. Era lo que nos decían en la empresa. ‘Gestionarlo todo con las distintas empresas que tenemos (bajo el control de Virelec). Y vamos facturando por unidades’. Te hago el aula de emprendimiento, te facturo; te hago este despacho, te facturo; te hago este otro despacho, te facturo. No vimos que eso fuera un fraccionamiento de pago, porque entonces no entendíamos lo que era un fraccionamiento de pago. Otro testigo incluso relató su sorpresa e incomodidad porque la empresa presuntamente beneficiada (Virelec) presentara facturas según se le libraban fondos para los pagos por parte de la administración, y los problemas que le supuso querer hacer las cosas bien. “El hecho de que no hubieran concluido las cosas (partes de la obra), pero sin embargo estuviéramos recibiendo facturas, nos producía disconformidad”, explicó. “Esa disconformidad no quiere decir que pensábamos que fuera nada ilegal ni irregular, pero sí que estábamos incómodos”, precisó. “Además, un día se presentaron los de la obra con una actitud muy amenazante, diciendo que o pagábamos o empezaban a destruir cosas”, siguió. “(Por eso) envío por registro a la Subdirección General una manifestación de esa disconformidad”, añadió. Y remató: “A mí siempre Alfonso Mateos (entonces subdirector de FP en Educación) me dijo que tenía que pagar las obras. ‘Tú tienes el dinero y lo pagas”. Finalmente, un tercer director relató cómo el contacto de la empresa reformista había llegado a sus manos por mediación de un cargo regional. “Alfonso Mateos (entonces subdirector de FP en la Comunidad e investigado en el caso) me dijo que contactara con el director de Ciudad Escolar (otro centro investigado), que tenía ya una empresa que estaba construyendo, y este me dijo que esa empresa se la habían dado ellos (supuestamente Mateos) cuando empezaron las obras”, describió uno de ellos sobre cómo había llegado a trabajar con Virelec, la empresa supuestamente favorecida por la presunta trama. “(Para pagar) nos llamaba Mateos (...) venía Gabriel (Navarro) de la constructora y nos dejaba las facturas, y cuando teníamos las facturas, y nos habían dado la orden de pagar ese dinero, pagábamos”.La investigación intenta dirimir de quién es la responsabilidad de estos pagos irregulares: de los cargos de la Comunidad de Madrid o de los directores de los centros. No obstante, las auditorías enviadas al juzgado por la propia administración, a petición de la Fiscalía, coinciden en señalar la responsabilidad de la Consejería de Educación, entonces dirigida por Enrique Ossorio, hombre fuerte de Díaz Ayuso en el gobierno hasta 2023, y hoy presidente de la Asamblea de Madrid.“Se han detectado gastos tramitados como contratos menores que superan la cuantía del contrato menor”, se lee en ellas. “Asimismo, se ha observado fraccionamiento del objeto del contrato (...) a fin de no superar los límites establecidos para el contrato menor (...) y eludir el procedimiento de contratación con licitación aplicable”, se añade. “Teniendo en cuenta el objeto e importe de dichos gastos, hubiera procedido la tramitación de expediente de contratación por órgano competente de la consejería”, se explicita.Prevaricación administrativaDurante su investigación, desarrollada a lo largo de 2024, la Fiscalía ya vio “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por el Gobierno regional.La jueza, por su parte, ya advirtió en noviembre de 2024 “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]”.Sin embargo, la posibilidad de que el sistema pueda haber operado a gran escala juega ahora a favor de las defensas de los directores investigados, que previsiblemente pedirán próximamente el archivo de las actuaciones que afectan a sus patrocinados.