EL PAÍS accede a documentación en la que el Subdirector General de Centros de Secundaria, jubilado en septiembre, exigió aplicar la ley de contratos del sector público
José María Serrano, que fue subdirector general de centros de educación secundaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, alertó en octubre de 2021 de la posible ilegalidad de las obras que se iban a acometer en un centro de Formación Profesional (FP). Según tres fuentes consultadas por EL PAÍS, así lo afirmó Serrano en su declaración como
tigo-a-un-alto-cargo-del-ejecutivo.html" data-link-track-dtm="">testigo ante la jueza del caso FP, que investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por el supuesto fraccionamiento ficticio de contratos y facturas entre 2021 y 2023 para otorgar a dedo ―con contratos menores― una docena de obras en centros educativos que deberían haber salido a concurso público. Es el caso, por ejemplo, de las de los IES Hotel Escuela y Ciudad Escolar.
Como aval de esa declaración en la causa consta un correo de Serrano enviado el 15 de diciembre de 2021 en el que este reclama aplicar “como no puede ser de otro modo” la ley de contratos del sector público en una de las obras investigadas. Es decir, que se haga un concurso público. “En cualquier otro caso, no podrá procederse a la ejecución de las mismas, manifestando así mi total oposición a su realización”, señaló.
