Cuando Gabriel Navarro, empresario y constructor de Madrid, se sentó a tomar un café con Alfonso Javier Ussía, asesor entonces de Presidencia de Isabel Díaz Ayuso, pensó que sus problemas iban a desaparecer. Sus problemas eran 1,4 millones de euros que le debía la Comunidad de Madrid después de haber construido un centro de Formación Profesional (FP) de la rama sanitaria en el complejo educativo Ciudad Escolar en 2023. Ussía le dijo en una cafetería junto al despacho de Ayuso, en la plaza Mayor, que no se preocupara, que “lo iban a solucionar”. Pero no solo no se solucionó, sino que nunca más le cogieron el teléfono, según declaró Navarro a la jueza que instruye un caso de presunta prevaricación durante el primer gobierno de Ayuso, destapado por elDiario.es.
No le pagaban porque era una obra construida ilegalmente, fuera del sistema, sin sacar a concurso, con fraccionamiento de facturas, sin auditoría, sin competencia ni publicidad. No existía en los registros. Pero no era la única, ni Navarro era el único empresario con el que se construyó así. Hay al menos otros nueve centros educativos y de FP que se hicieron troceando contratos para hacer pasar obras de envergadura por contratos menores (tienen un límite de 40.000 euros y con ellos no hace falta hacer un concurso público). Se dieron unos ocho millones a dedo entre los años 2021 y 2023, según la cifra que maneja la Fiscalía, pero que puede ser mayor.
