La instrucción retoma velocidad con la convocatoria de representantes de siete centros en los que presuntamente se contrataron reformas a dedo entre 2021 y 2023
La Fiscalía Anticorrupción ha logrado que se convoque a siete directivos de otros tantos centros educativos de Madrid para aclarar quién ordenó las obras de reforma de sus instalaciones en las que se centra el caso FP. El juzgado número 39 de plaza de Castilla investiga la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa entre 2021 y 2023, pues los trabajos, presuntamente, se hicieron sin el preceptivo concurso público, y a través, supuestamente, del método de fraccionar facturas para elegir a dedo a la empresa que los ejecutaría. En ese contexto, la Fiscalía registró el 12 de diciembre un escrito, al que accedió EL PAÍS, para solicitar la convocatoria como testigos de los siete directores y depurar si en sus centros se actuó por cuenta propia o se recibieron indicaciones para contratar con el grupo Virelec, que es quien realizó las obras investigadas. Como consecuencia, la jueza ha convocado a los interesados para el 11 de marzo.
“Según consta en los informes definitivos de control financiero, en todos los centros citados se realizaron obras de reforma en las que intervinieron empresas del grupo Virelec, obras que, según los referidos informes de control financiero, pudieran presentar ciertas irregularidades en su tramitación por cuanto implicaban un fraccionamiento indebido, o porque los presupuestos que se presentaban se correspondían con empresas del mismo grupo empresarial”, se lee en el escrito de la Fiscalía. “Resulta necesario conocer las circunstancias en las que los responsables de los centros educativos entraron en contacto con las empresas del grupo Virelec, las personas que dentro del centro tomaron la decisión de contratar a esas empresas o, en su caso, recibieron indicaciones en ese sentido”.
