Gabriel Navarro, el empresario que está en el corazón del caso FP, en el que se investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por otorgar a dedo los contratos para reformar una docena de centros educativos dependientes del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aseguró el 4 de junio en el juzgado número 39 de plaza de Castilla que recibió instrucciones precisas sobre cómo debía actuar: “Me decían siempre que no me podía pasar con la misma empresa (...) de 50.000 euros”, dijo Navarro, cabeza visible del grupo Virelec, al declarar como investigado, según documentación a la que accedió EL PAÍS. Esa estrategia, aplicada de forma generalizara en la región, según una fuente conocedora de la operativa de los centros educativos, habría permitido que obras de gran complejidad se tramitaran con una sucesión de contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) para poder otorgarlas a dedo y evitar el concurso público y la competencia entre empresas.
“Me decían ellos siempre que no me podía pasar con la misma empresa (...) de 50.000 euros”, dijo sobre los directores de los centros. “Una vez que facturaba con una empresa, ya no podía hacer más facturas”, añadió. “Como esa, y miles [de obras] que he hecho de esa manera, todo centros educativos, en todo Madrid. [Mi forma de actuar] siempre ha sido la misma”, siguió. “Yo siempre he trabajado igual“, recalcó en otro momento. ”[Me parece] Totalmente normal. Si yo hago una obra en mi casa, le pagaré como yo decida”, añadió sobre la razón por la que no le sorprendió la ausencia de un concurso público. Y cuando le preguntaron si recordaba qué centros había hecho así, respondió: “Sí. Y los que he presupuestado, que no he hecho, porque como yo hay muchos más. Ojalá hubiera hecho yo todos”.
