El exdirector general de Secundaria dijo que “jamás” sospechó irregularidad alguna pese a que un subordinado dice que le advirtió contra los contratos dados a dedo
−¿En este caso se sabía que el procedimiento que se estaba aplicando no era ajustado a la legalidad?...
−Está claro. Es evidente. Para mi es evidente.
Quien recibe la pregunta y pronuncia esa respuesta es José María Serrano, subdirector general de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid hasta su jubilación este verano. Le están preguntando en el marco de la instrucción judicial del caso FP, que investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por el supuesto fraccionamiento ficticio de contratos y facturas entre 2021 y 2023 para otorgar a dedo ―con contratos menores, que no pueden superar los 40.000 euros en obras― una docena de obras en centros educativos que están valoradas en más de tres millones y que deberían haber salido a concurso público. Su declaración provoca un terremoto.
Primero, porque dice haber expresado su rechazo al método empleado durante una reunión de octubre de 2021 con otros cargos de la Consejería de Educación. Segundo, porque respalda su versión con un email enviado en diciembre de ese año en el que reclama aplicar la ley de contratos del sector público (“[De lo contrario] manifiesto mi total oposición”, sentenció). Y tercero, porque uno de los receptores de ese correo, y uno de los asistentes a la reunión, dice, es un alto cargo del gobierno de Ayuso, José María Rodríguez. El choque de versiones es evidente: Rodríguez, su superior como director general de Educación Secundaria, FP y Régimen Especial hasta 2023, declaró ante la juez que “jamás” supuso que las obras se estuvieran haciendo “de forma irregular”. Una contradicción de los dos testigos que no ha pasado desapercibida, según fuentes jurídicas.
