La titular del juzgado número 39 prorroga seis meses las pesquisas y programa nuevas declaraciones testificales para octubre
La titular del juzgado de instrucción número 39 de plaza de Castilla (Madrid) ha decidido ampliar seis meses más la investigación del caso FP, que salpica al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y con la que se intenta esclarecer la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa consistente en supuestamente fraccionar ilegalmente contratos para otorgar a dedo la reforma de una decena de centros educativos dependientes de la Comunidad de Madrid. Así consta en un auto al que accedió EL PAÍS, y que da oxígeno...
a una causa por la que se incoaron diligencias previas ahora hace exactamente un año. Como el artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal mandata que la instrucción judicial debe durar 12 meses como máximo, la prórroga era necesaria para aclarar quién articuló el sistema que permitió gastar más de tres millones de euros en contratos irregulares ejecutados entre 2021 y 2023 principalmente por una sola empresa (Virelec) para reformar al menos una docena de centros.
“En la actualidad continúa tramitándose la causa pendiente de realización de nuevas diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos”, se razona en el escrito. “Al concurrir en las presentes actuaciones circunstancias sobrevenidas que hacen previsible que la causa no pueda concluirse en el plazo de doce meses a que se refiere el primer párrafo del art. 324.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede (...) declarar la prórroga de la presente causa”.
