Desde el jueves 14 de mayo, España cuenta con un nuevo modelo de copago farmacéutico. El Gobierno, a través de los ministerios de Sanidad y Hacienda, ha activado un real decreto que modifica el sistema vigente hasta ahora e introduce cambios en la aportación que realizan los ciudadanos por sus medicamentos. La reforma incorpora cuatro nuevos tramos de copago dirigidos especialmente a las rentas medias y bajas, además de nuevos límites mensuales progresivos para la población activa, con el objetivo —según defiende el departamento de Mónica García— de "aliviar la carga económica" sobre los pacientes con menos ingresos y quienes necesitan tratamientos de forma continuada. Según las estimaciones de la Administración, la medida permitiría un ahorro presupuestario cifrado en 265,63 millones de euros.PublicidadSanidad asegura que la medida busca "reducir desigualdades y evitar que factores económicos condicionen el acceso". Su intención es que el coste de los medicamentos quede vinculado a la capacidad económica real de cada paciente. ¿Basta este nuevo esquema para corregir las desigualdades estructurales en el acceso a los tratamientos? ¿Qué colectivos seguirán soportando mayores dificultades? ¿Y qué riesgos puede generar un modelo que mantiene el copago como mecanismo de financiación sanitaria?Así cambia el copago farmacéutico¿Qué cambia exactamente con el nuevo sistema de copago farmacéutico? La principal novedad es que el modelo abandona una estructura prácticamente intacta desde 2012 y pasa de tres a seis tramos de renta para calcular cuánto debe aportar cada ciudadano por sus medicamentos. Hasta ahora, el sistema distinguía únicamente entre tres niveles de ingresos: las rentas inferiores a 18.000 euros asumían el 40% del coste de los fármacos; las situadas entre 18.000 y 100.000 euros pagaban el 50%; y quienes superaban los 100.000 euros abonaban el 60%. El nuevo modelo introduce una escala más fragmentada y progresiva, especialmente para las rentas medias y bajas. Además, incorpora por primera vez límites máximos mensuales para parte de la población activa.Así quedan ahora los nuevos tramos para trabajadores en activo:Las personas con ingresos inferiores a 9.000 euros seguirán abonando el 40% de los medicamentos, pero no podrán superar los 8,23 euros mensuales. Quienes ingresen entre 9.000 y 17.999 euros mantendrán también un copago del 40%, con un techo de 18,52 euros al mes. El tramo de 18.000 a 34.999 euros pasará a pagar el 45%, aunque con un límite máximo mensual de 61,75 euros. Entre 35.000 y 59.999 euros se abonará igualmente el 45%, aunque ya sin tope mensual. Las rentas de entre 60.000 y 99.999 euros pagarán el 50% del coste de los medicamentos.Y quienes superen los 100.000 euros mantendrán el copago del 60%, también sin límite mensual.PublicidadLa reforma modifica también el esquema aplicado a los pensionistas. Hasta ahora compartían los mismos tres tramos generales, aunque con un copago reducido del 10% y distintos topes mensuales. Con el nuevo sistema se reorganizan en cuatro niveles:Los pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros seguirán pagando el 10%, con un máximo de 8,23 euros al mes. Entre 18.000 y 59.999 euros, el límite mensual será de 13,37 euros. Las rentas de 60.000 a 99.999 euros tendrán un tope de 18,52 euros. Los pensionistas que superen los 100.000 euros mantendrán un copago del 60%, con un máximo mensual de 61,75 euros.El decreto conserva las exenciones ya existentes para colectivos especialmente vulnerables. Entre ellos figuran las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, quienes reciben pensiones no contributivas, personas desempleadas sin prestación, menores con discapacidad reconocida o afectados por accidentes laborales y enfermedades profesionales. A este grupo se suma ahora la población beneficiaria del complemento de ayuda para la infancia.PublicidadLa reforma del copago farmacéutico deberá ser convalidada por el Congreso en el plazo de un mesLa reforma del copago farmacéutico estaba inicialmente prevista como parte de la futura ley del medicamento, pero Sanidad ha optado por desglosarla y aprobarla mediante un real decreto-ley específico, con el objetivo de acelerar su aplicación. Al tratarse de esta vía legislativa de urgencia, la norma ya está en vigor, aunque deberá ser convalidada por el Congreso en el plazo de un mes, donde los grupos parlamentarios podrán ratificarla, rechazarla o introducir cambios en su tramitación.Sergio Fernández, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), considera en conversación con Público que la reforma introduce "algunos avances" en términos de progresividad, especialmente por los nuevos topes y el alivio económico. Sin embargo, advierte de que el núcleo del problema permanece intacto: "Se mantiene la lógica del copago como una herramienta estructural dentro del sistema sanitario". Fernández argumenta que, aunque el nuevo modelo redistribuye de forma "algo menos regresiva" la carga económica, el copago sigue funcionando como una barrera de acceso, sobre todo para personas con enfermedades crónicas, pacientes polimedicados o familias en situación de vulnerabilidad que, apunta, "muchas veces no quedan reflejadas únicamente en la renta declarada". Sergio Fernández, (FADSP): "La sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud debe garantizarse mediante financiación pública suficiente""Más que eliminar desigualdades, la reforma lo que hace es reorganizarlas", resume. Bajo su mirada, el debate de fondo continúa pendiente: "La cuestión clave debería ser cómo controlar realmente el gasto farmacéutico actuando sobre los precios, reforzando la compra pública, promoviendo los medicamentos genéricos o revisando la relación con la industria farmacéutica, y no trasladando parte del coste a la ciudadanía". Desde la FADSP alertan de que este tipo de medidas pueden consolidar una idea peligrosa: que el sostenimiento del sistema sanitario depende también de aumentar la aportación directa de los pacientes cuando enferman. "La sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) debe garantizarse mediante financiación pública suficiente y fiscalidad progresiva, no desplazando costes hacia las personas", desliza Fernández. El portavoz insiste en que existe "una cuestión de principio": el medicamento prescrito forma parte del tratamiento médico y, por tanto, "no debería convertirse en un bien condicionado por la capacidad de pago".Entre los riesgos que identifica, destaca especialmente el impacto sobre la adherencia terapéutica, es decir, la posibilidad de que los pacientes dejen de seguir correctamente sus tratamientos por motivos económicos. También alerta de las desigualdades territoriales, ya que "el envejecimiento, la precariedad o la capacidad económica de las familias no son iguales en todas las comunidades autónomas". A su parecer, si el copago deja de percibirse como una medida excepcional y pasa a consolidarse como mecanismo habitual de ajuste presupuestario, "el efecto puede ser un debilitamiento progresivo del principio de universalidad del SNS". "La sanidad pública seguirá perdiendo fortaleza cuando el acceso efectivo a los tratamientos empieza a depender del bolsillo del paciente", zanja.En términos similares se pronuncia Miguel Barrueco, catedrático emérito de Medicina de la Universidad de Salamanca, quien considera que el nuevo real decreto introduce mejoras en la distribución de la carga económica, pero "deja intactas las desigualdades más profundas del sistema". "La reforma mejora la equidad contributiva, pero no garantiza plenamente la equidad en el acceso, es decir, que nadie deje de medicarse por motivos económicos", opina en declaraciones a este diario.Miguel Barrueco, catedrático de Medicina: "La cuestión no es cuánto paga cada grupo social, sino qué modelo político se está consolidando"Barrueco expone que la medida tampoco afronta las raíces estructurales del problema sanitario y farmacéutico. "La cuestión de fondo no es únicamente cuánto paga cada grupo social, sino qué modelo político se está consolidando: si la sanidad pública se sostiene fundamentalmente mediante impuestos generales o si cada vez se desplaza una parte mayor del coste hacia el uso individual del sistema", plantea. A su juicio, el debate trasciende el terreno económico y entra de lleno en el modelo institucional de sanidad pública. "Si el copago acaba funcionando como una herramienta habitual de equilibrio presupuestario, existe el riesgo de que el sistema termine financiándose trasladando progresivamente más costes al usuario", advierte. El catedrático alerta también de que, una vez consolidada esa lógica, revertirla suele resultar mucho más complejo políticamente que implantarla. "Es algo que ya estamos viendo en numerosas comunidades autónomas", corrobora. El sector farmacéutico apoya la reforma con líneas rojasDesde la patronal farmacéutica, la reforma del copago se observa con una mezcla de respaldo y cautela. Comparten la necesidad de avanzar hacia un sistema más progresivo, aunque alertan de los riesgos que, a su juicio, podrían derivarse de una mayor intervención pública sobre el mercado del medicamento. La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) defendía una revisión del modelo implantado en 2012 para introducir más tramos de renta y adaptar mejor la aportación económica. Enrique Granda, editor del Observatorio del Medicamento de FEFE, llegó a señalar que la organización veía con buenos ojos una reforma "si consistía en ampliar los tramos de aportación y hacer el sistema más equitativo".PublicidadEn 2021, FEFE valoró positivamente algunos cambios en el copago al considerar que existía una "sospecha fundada" de que parte de la población había dejado de adquirir medicamentos tras la reforma de 2012 por no poder asumir el gasto. Sin embargo, el respaldo del sector tiene límites claros. FEFE rechaza aquellas medidas que considera "intervencionistas", especialmente fórmulas similares al denominado clawback, es decir, mecanismos que obliguen a devolver descuentos o parte de los beneficios al sistema público sanitario.Además, la organización reclamó en su momento una revisión del actual sistema de precios de referencia de los medicamentos, al entender que estaba erosionando la rentabilidad de las oficinas de farmacia. Desde la patronal advierten que las sucesivas reformas regulatorias han ido estrechando durante años los márgenes económicos del sector y alertan de que nuevas medidas podrían comprometer la viabilidad de algunas farmacias, especialmente en zonas rurales o con menor volumen de actividad.Público se ha puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad para conocer su valoración, pero hasta la fecha de publicación de este artículo no se ha recibido respuesta.