La reducción del 100% anunciada por Sánchez neutraliza la rebaja más elevada de la ley estatal, del 90% si se abarata el contrato
A grandes males, grandes y viejos remedios. El socio mayoritario del Gobierno, en otro intento de frenar la fuerte escalada de los precios del alquiler sin llegar a intervenir el mercado, ha puesto sobre la mesa una nueva pieza fiscal en forma de bonificación en el impuesto sobre la renta. La idea central, que todavía está muy verde y debe coger forma, es crear una reducción del 100% en el IRPF para los propietarios que mantengan intacto el precio cuando llegue el momento de renovar el contrato. Sin embargo, la medida anunciada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, nace con una paradoja evidente. Tal y como está planteada, amenaza con dejar en segundo plano, cuando no directamente neutralizar, el novedoso sistema de incentivos fiscales que echó a rodar recientemente, tras la aprobación de la ley estatal de vivienda.
Esa norma, validada en el Congreso en 2023, introdujo una batería de reducciones en el IRPF a partir del año siguiente para los arrendadores de vivienda habitual, con un esquema progresivo que, partiendo del 50% general, premia determinadas decisiones, como abaratar las rentas o alquilar a jóvenes. La más ambiciosa y atractiva es la reducción del 90% del rendimiento neto positivo para los caseros que firmen un nuevo contrato en una zona de mercado residencial tensionado y, además, rebajen la renta en más de un 5% respecto al contrato anterior. A falta de que el plan dado a conocer la semana pasada por Sánchez se concrete, la contradicción es evidente y lanza al aire la pregunta de quién va a rebajar el alquiler un 5% para acceder a una bonificación del 90% cuando aparentemente bastará con no subirlo para disfrutar de una del 100%.
